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Trapero vuelve a la Audiencia Nacional

20 de septiembre. Una comisión judicial compuesta por una letrada y agentes de la Guardia Civil...

ATLAS ESPAÑA

Domingo, 15 de octubre 2017, 19:25

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20 de septiembre. Una comisión judicial compuesta por una letrada y agentes de la Guardia Civil acude a registrar la sede de la consejería de economía. Movilizados por ANC y Ómnium Cultural. "Os dijimos que nos dejaríamos la piel", arengan entonces a cientos de personas que montan un cerco que impide la salida a los agentes, hasta que, después de 18 horas, intervienen los Mossos d'Esquadra tras la orden expresa del juzgado... Un "alzamiento tumultuario" según la Fiscalía, que mantiene su acusación de sedición, que puede acarrear hasta 15 años de cárcel. Y que no sólo circunscribe a esos días, 20 y 21 de septiembre, sino que prolonga hasta el propio 1 de octubre, día del referéndum inconstitucional. Clave, el extenso informe que la Guardia Civil entregó la misma mañana de la primera comparecencia, y que ha llevado a esta segunda cita. Por un lado, a los presidentes de las entidades soberanistas les atribuye impulsar y controlar la movilización. Hace dos semanas no respondieron al tribunal. "Por no reconocer la competencia de este tribunal", decía Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural. "Es legitimidad de la reivindicación pacífica", añadía Jordi Sánchez, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana. Incluso barajan no presentarse este lunes en la Audiencia Nacional, que es el mundo al revés. "Los que intentan tirar para adelante hablando son castigados y los que intentan tirar para adelante a golpe de porra parece se les tiene que ensalzar", indicaba Jordi Ballesteros, portavoz de Òmnium. Por otro lado, se acusa a la policía catalana de inacción flagrante y actuar en favor del plan estratégico hacia la independencia. Que no sólo no impidió la votación, sino que la facilitó. Y lo personaliza en la intendente Teresa Laplana y, como principal responsable, el mayor Josep Lluís Trapero, que intentará desvirtuar el informe de la Benemérita asegurando que se basa en deducciones de indicios, aunque según fuentes jurídicas, en la primera declaración el 6 de octubre no resultó convicente y ahora son más las pruebas que se acumulan contra él.

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