Las tensiones entre letrados llevan a rehacer el informe sobre plazos de investidura en Cataluña

Sesión del Parlamento de Cataluña. /Albert Gea (Reuters)
Sesión del Parlamento de Cataluña. / Albert Gea (Reuters)

JxCat y ERC quieren alargar al máximo los plazos para poder abordar cómo desbloquear la investidura

EFEBarcelona

Tensiones internas entre los abogados del Parlament han llevado en las últimas horas a rehacer el informe sobre los plazos para la investidura en Cataluña y a elaborar un texto alternativo, que podría no firmar el letrado mayor, Antoni Bayona, según han avanzado a Efe fuentes parlamentarias.

El informe, solicitado por la Mesa del Parlament y que podría publicarse en las próximas horas, tiene el objetivo de emitir un posicionamiento de los servicios jurídicos acerca de si, tras el aplazamiento del pleno de investidura la semana pasada por parte del presidente del Parlament, Roger Torrent, el reloj de la cuenta atrás de dos meses para nuevas elecciones debería o no activarse. Si bien los letrados ya disponían el viernes pasado de un texto, en las últimas horas se ha frenado la emisión del informe para introducir modificaciones, tras un intenso debate en el seno de los servicios jurídicos sobre la conveniencia de incluir algunas consideraciones dirigidas al presidente del Parlament.

Según las fuentes consultadas por Efe, las tensiones internas entre los letrados del Parlament han llevado a rehacer el informe inicial y a elaborar un texto alternativo en las últimas horas, que podría por ello no tener unanimidad de todos los letrados. Si bien los letrados parecen coincidir mayoritariamente en que la cuenta atrás para la investidura aún no se ha puesto en marcha, sí discrepan sobre la necesidad de incluir en el informe algunas consideraciones para dejar claro a Torrent que eso no implica que el bloqueo de la legislatura se pueda alargar "sine die".

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En este sentido, se disponía de una propuesta inicial del letrado mayor en la que se explicitaban tres fórmulas para salir del bloqueo actual, pero en las últimas horas se ha producido un intenso debate interno ante el hecho de que no pueda ser conveniente políticamente incluirlas en el informe o si hacerlo de forma menos explícita, según han explicado dichas fuentes. Todo ello en un contexto en el que JxCat y ERC buscan alargar al máximo los plazos para poder abordar cómo desbloquear la investidura, por lo que unas consideraciones de este tipo por parte de los letrados supondrían una incómoda presión en las enrocadas negociaciones actuales para intentar investir a Carles Puigdemont.

Pero esas tensiones internas entre los letrados, y el hecho de que se haya reescrito el informe con una versión más velada, podría llevar a que el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, pudiera no firmar el informe definitivo, que tendría en consecuencia únicamente la rúbrica del secretario general de la Cámara, Xavier Muro, acompañada de la de algún otro letrado más. Una situación que, de producirse, sería inédita hasta el momento, pues precisamente Muro y Bayona han actuado hasta ahora, y especialmente en los últimos meses del año pasado, con unidad de acción, emitiendo informes en que instaban a los grupos soberanistas a acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) cuando desplegaban el marco legal del referéndum del 1 de octubre.

Según las fuentes consultadas, en la versión anterior del informe se esbozaban tres posibles vías para salir del bloqueo a corto plazo, recordando al presidente del Parlament que la ley le hace responsable directo de impulsar la investidura en un plazo razonable. Esas fórmulas que se apuntaban en el informe son, en primer lugar, que Torrent valorara proponer otro candidato; otra vía sería aguardar a que el Tribunal Constitucional resuelva la admisión de la impugnación y confirme o no las medidas que afectan a Carles Puigdemont; y, por último, la vía aceptada por el Consejo de Estado en relación con que, si no hay un candidato en condiciones, el presidente del Parlament lo comunique al pleno y eso sirva como acto de inicio de los dos meses, tomando como precedente lo ocurrido el año 2003 en la Asamblea de Madrid en el llamado "Tamayazo".

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