Interior reduce a la mitad el despliegue policial en Cataluña

Agentes de la Policía Nacional abandonando el hotel en el que estaban alojados en Pineda de Mar. /Albert Gea (Reuters)
Agentes de la Policía Nacional abandonando el hotel en el que estaban alojados en Pineda de Mar. / Albert Gea (Reuters)

De los 6.500 agentes desplazados en los momentos de mayor tensión se ha pasado a poco más de 3.000 en los últimos días

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

Dos meses después de que comenzara el operativo policial en Cataluña contra el intento secesionista, el Ministerio del Interior ha comenzado el repliegue generalizado a sus bases de los funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil que reforzaron la plantilla ya existente en la comunidad autónoma. El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido considera que la situación de seguridad pública está bajo control tras la aplicación del 155 y tras haber constatado que los Mossos d'Esquadra están cumpliendo las órdenes del Gobierno central sin ningún tipo de reparo.

Según informaron este jueves altos responsables de la seguridad del Estado, de los cerca de 6.500 funcionarios desplazados a Cataluña en los momentos de mayor tensión (días anteriores y posteriores al referéndum ilegal del 1-O) solo quedan esta semana poco menos de 3.000 policías y guardias civiles.

Buena parte de los funcionarios de Interior que todavía permanecen en Cataluña son miembros de la Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios), que fueron los que llevaron el peso del operativo del 1-O para evitar las votaciones. Interior llegó a desplazar a la comunidad autónoma a 44 grupos de UIP, o sea casi 2.000 de los 2.700 efectivos de estas unidades, a los que movilizó desde las once bases que las UIP tienen en España. En la actualidad -según datos a los que ha tenido acceso este periódico- la Policía Nacional ha reducido esta semana su presencia a 29 grupos, poco más de 1.200 funcionarios. El grueso de esos agentes todavía movilizados provienen de Madrid (300 funcionarios) y de Castilla y León (250).

El pasado 16 de noviembre zarpó del puerto de Barcelona el ferry 'Moby Dada', más conocido como 'Piolín', donde durante siete semanas se alojaron varios centenares de policías y guardias civiles en unas condiciones muy precarias de hacinamiento y alimentación. Otros dos barcos de la misma naviera siguen atracados en el puerto de la ciudad condal sirviendo de hotel flotante ala mayoría de antidisturbios.

En el marco de la denominada 'operación Copérnico' contra el órdago independentista, Interior también ha retirado en los últimos días centenares de miembros de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS, antidisturbios) de la Guardia Civil. A principios de noviembre, el Ministerio comenzó el repliegue paulatino de unidades de Policía Judicial (que se encargaron de la multitud de atestados generados el 1-O), de Seguridad Ciudadana y, en menor medida, de los Servicios de Información encargados, todavía hoy, de investigar los movimientos del destituido Govern, ANC, Ómnium y Mossos para conseguir la proclamación de la República Catalana.

Aunque el pasado 15 de noviembre, las direcciones de la Policía y la Guardia Civil ordenaron el paulatino desmantelamiento de la 'operación Copérnico', Interior quiere ir con calma. De hecho, hace justo un mes el Ministerio obtuvo el visto bueno de Hacienda para poder prolongar, si la situación lo requiere, el despliegue policial en Cataluña ante la crisis secesionista hasta el 31 de diciembre de este año.

En cualquier caso, todo lo relativo al repliegue como de la situación actual del operativo sigue envuelto en una nebulosa. Ni siquiera ahora, en el momento de la vuelta a casa y cuando la situación de seguridad es mucho más tranquila, Interior se niega a facilitar datos oficiales. El Gobierno, tal y como adelantó este periódico, ha declarado todo lo relativo a la 'operación Copérnico' como «materia reservada» en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986.

Con esta premisa se ha negado ya a responder, tanto en el Congreso como en el Senado, a una veintena larga de preguntas parlamentarias sobre datos de este operativo o su coste. El propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el pasado miércoles en la sesión de control de la cámara baja, defendió este secretismo alegando que revelar datos sobre el despliegue habría podido «dañar la seguridad y la defensa del Estado».

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