Hacienda aprieta a los ministerios y refuerza su control al alcanzar el 50% del gasto presupuestado

Cristóbal Montoro./Efe
Cristóbal Montoro. / Efe

Los departamentos deberán pedir autorización al superar ese límite hasta que se aprueben las cuentas públicas de 2018

David Valera
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Hacienda no quiere ver comprometido el déficit de este año por la ausencia de nuevos Presupuestos. Por ese motivo ha reforzado el control del gasto de todos los ministerios desde el 1 de enero y hasta que se aprueben las cuentas públicas de 2018. En concreto, el departamento que dirige Cristóbal Montoro impone a los ministerios y organismos autónomos la obligación de pedirle una autorización cuando alcancen el 50% del gasto presupuestado tras la prorroga de 2017. Es decir, cada departamento puede ejecutar la mitad de su presupuesto como hasta ahora, pero al llegar a la mitad del gasto en determinadas partidas deberá solicitar un permiso razonado a Hacienda.

Así se refleja en el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 29 de diciembre. Con esta medida, el Gobierno busca dos cosas. Por un lado mandar un mensaje de tranquilidad a Bruselas sobre el cumplimiento de la senda de estabilidad. Y además, presiona de nuevo a los partidos de la oposición y a las comunidades -que no verán actualizadas sus transferencias del Estado- para lograr los apoyos parlamentarios suficientes y sacar unos nuevos Presupuestos.

En concreto, el documento explica que los ministerios «no podrán iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8». Se trata de gastos referidos a transferencias corrientes, inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros. Es decir, se limita la posibilidad de licitar obras o de endeudarse. Eso sí, quedan exentas de este control reforzado al superar el 50% del gasto algunas partidas sensibles como las destinadas a financiar las pensiones públicas, las clases pasivas y el desempleo, entre otras.

El acuerdo deja claro que «solo por causas excepcionales y debidamente justificadas» Hacienda podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado ese límite» del 50%. En este sentido, serán los centros gestores responsables de cada departamento los que deberán remitir a las oficinas de contabilidad los documentos contables correspondientes «de forma inmediata» una vez obtenidos «los actos de aprobación y compromiso (de gasto) por el órgano competente».

Asimismo, el acuerdo avalado en el Consejo de Ministros también obliga a los distintos departamentos a elaborar un «calendario con las fechas estimativas» de cuándo prevén aprobar determinados gastos como «subvenciones nominativas o convenios». Una medida con la que el Gobierno afirma querer mejorar la «planificación del gasto».

Desde Hacienda rechazaron este viernes las acusaciones de que esta decisión supone un nuevo ajuste. En este sentido, destacaron que no ha sido necesario aprobar un acuerdo de no disponibilidad que sí habría supuesto un recorte del gasto, como ocurrió el pasado ejercicio. «El Consejo de Ministros no aprobó una reducción de los créditos presupuestarios. Simplemente se establecieron medidas de control de ejecución del gasto público», explica en un comunicado el departamento que dirige Montoro.

Denuncias de la oposición

Hacienda justifica la medida en el contexto de una prórroga presupuestaria y con el objetivo de «garantizar una adecuada ejecución del gasto público en los primeros meses del año, evitando un exceso de gasto público que condicionaría el contenido de la próxima Ley de Presupuestos».

Sin embargo, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidos Podemos denunciaron este viernes lo que consideraron un «chantaje» del Gobierno para aprobar las cuentas de 2018. Ambas formaciones registraron una petición de comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique esta medida. En este sentido, el portavoz socialista de Presupuestos, Javier Lasarte, criticó una decisión que, a su juicio, busca presionar a los grupos.

Por su parte, el portavoz de Unidos-Podemos Segundo González criticó a Montoro por imponer un límite de gasto prorrogado, «secuestrando» recursos e inversiones que pertenecen a la ciudadanía. «Montoro usa el Ministerio como un apéndice del PP y esto es intolerable en democracia», explicó.

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