La Guardia Civil eleva a 1,9 millones la malversación durante el procés

Carme Forcadell, votando el 1-O. / Archivo | Atlas

Los investigadores reconocen al juez que buena parte de las facturas pudieron no abonarse finalmente

MELCHOR SÁIZ-PARDO y MATEO BALÍNMadrid

La polémica sobre la supuesta malversación durante el procés sigue aumentando. La Unidad de Policía Judicial de la VII Zona de la Guardia Civil ha enviado al juez Pablo Llarena un nuevo informe ampliatorio sobre los supuestos desembolsos del Gobierno de Carles Puigdemont para sufragar la consulta del 1-O en el que eleva de 1,6 a 1,9 millones (exactamente 1.915.067,22 euros) los fondos públicos supuestamente malversados. Pero al mismo tiempo, los investigadores reconocen sin ambages que no tienen pruebas de que buena parte de esos fondos fueran finalmente liberados por parte de la Generalitat.

La parte que más dudas provoca a la Guardia Civil son las cinco facturas por valor de 979.661 euros que «se intervinieron en los registros efectuados» y que correspondían a las consejerías de Cultura (196.696 euros), Vicepresidencia (193.889), Salud (192.711), Trabajo (197.492) y Presidencia (198.971). Esa facturas, sin IVA, de gastos supuestamente destinados al procés, admite el informe, «no se han registrado en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat y tampoco constan como abonados los importes de las mismas».

Precisamente ayer el juez Pablo Llarena pidió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicaciones por negar que el Govern usara dinero público para financiar la consulta secesionista. El tema no es baladí –reconocen en altas instancias del Supremo- habida cuenta de que la entrega de Carles Puigdemont, una vez que la justicia alemana ha rechazado su entrega por el delito de rebelión, solo se sostendría en la malversación que el máximo responsable de Hacienda niega.

Llarena, en una requisitoria inédita, requirió ayer en persona al propio Montoro que explique qué pruebas tiene para contradecir al Supremo. El ministro, en una entrevista el pasado el pasado 16 de abril al diario 'El Mundo' dijo textualmente: «Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público», para luego matizar que solo una «falsificación» de algún funcionario podría haber 'colado' esa partida irregular.

El juez, tras este varapalo, exige al ministro pruebas, sobre todo porque Montoro pasó a controlar directamente las cuentas de las Generalitat solo a partir de mediados de septiembre (solo dos semanas antes del referéndum) cuando el Ejecutivo central intervino todos los pagos de servicios esenciales y las nóminas de las administración autonómica. Por ello, el instructor requiere al ministro para que le informe «a la mayor brevedad posible» sobre el «soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña». El juez, ya anticipa a Montoro que sus palabras han «contradicho las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa».

Según el propio auto de procesamiento dictado por Pablo Llarena el pasado 23 de marzo, y que esta semana ha comenzado a comunicarse a los imputados, el Govern sí que hizo uso de fondos públicos para financiar, no solo la logística del día de la consulta, sino también para los preparativos del referéndum.

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