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Isabel Celaá. Ep

El Gobierno restituirá la sanidad universal en seis semanas

El Ejecutivo de Sánchez derogará así la reforma del PP que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular | El ministerio de Carmen Montón elaborará, junto a las comunidades, un real decreto para anular una de las decisiones más polémicas del anterior Ejecutivo

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Viernes, 15 de junio 2018

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El real decreto 16/2012 se convirtió en una de las medidas más controvertidas del Gobierno de Mariano Rajoy. La sanidad universal se quebraba con la introducción del copago farmacéutico en función de la renta de los ciudadanos -incluidos los pensionistas-, además de retirar la tarjeta a los inmigrantes 'sin papeles'. Solo se aceptó atender a los menores, embarazadas y enfermos crónicos; el resto, unas 800.000 personas -según las ONG-, entre ciudadanos sin regularizar u otros colectivos, como personas comunitarias de bajo recursos.

Una decisión tomada hace seis años y que fue contestada por sociedades científicas, ONG, colegios de médicos y enfermeros y gobiernos autonómicos. Ahora, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado el primer paso para restituir la sanidad universal en España. El Consejo de Ministros aprobó este viernes modificar la parte del real decreto 16/2012 que afecta a la sanidad universal mediante otro texto legislativo que espera tener preparado en seis semanas.

«Esto es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política. Esta protección a la salud es, además, un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS (Organización Mundial de la Salud) e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el real decreto fue publicado», comentó la ministra portavoz Isabel Celaá tras la reunión semanal del Ejecutivo. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, explicó a sus compañeros de Gabinete la hoja de ruta a seguir. El primer paso se producirá este miércoles, cuando la comisión delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se reúna con un único punto en el orden del día: la universalidad en el SNS. En esta reunión se pondrán las bases para el CISNS que se celebrará durante la última semana de junio y donde Montón abordará con las comunidades el proceso de recuperación de esta asistencia.

Un camino que parece, en principio, allanado. La gran mayoría de las comunidades autónomas obviaron la aplicación del polémico real decreto, sobre todo en la parte de la sanidad universal. Algunas, dieron órdenes internas para que se atendiera a todo el mundo -muchos de ellos entraban por Urgencias- y otras como País Vasco, Cataluña o Comunidad Valenciana, más osadas, elevaron a rango de ley la atención universal. Ante esta situación, el anterior Ejecutivo llevó el asunto ante el Tribunal Constitucional que paralizó o anuló estas normas autonómicas.

Mayor eficacia del sistema

Después del anuncio de la portavoz del Gobierno, asociaciones de médicos, enfermeros, sindicatos y ONG celebraron el cambio de paradigma del ministerio, que se irá reuniendo con los representantes de la sociedad civil para recabar sus puntos de vista para la elaboración del real decreto definitivo. «La salud es un derecho humano inalienable, pero además de este punto de partida básico, la reforma del RDL 16/2012 es imprescindible por motivos de eficacia y eficiencia del SNS», explicó el presidente de Médicos del Mundo España, José Félix Hoyo. «Es una falacia decir que excluir a los inmigrantes beneficia al sistema, ya que el recurso a las urgencias es siempre más costoso que la atención primaria y preventiva», añadió.

«La protección a la salud es un derecho fundamental contemplado en nuestra Constitución. Esta medida defiende sobre todo a los más débiles», apuntó el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya. «La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos», comentó UGT, que mostró su satisfacción por el cambio.

Liberar 7.500 millones de euros

El Ejecutivo también ha aprobado este viernes liberar 7.500 millones de euros del préstamo concedido por el Tesoro Público a la Tesorería General de la Seguridad Social, recogido en los Presupuestos del año pasado y que ascendía a 10.192 millones de euros. Celaá ha afirmado que este acuerdo se ha adoptado para poder hacer frente al pago de las casi 9,6 millones de pensiones de julio, tanto de la paga ordinaria como de la extraordinaria.

Ha aprobado también una batería de nombramientos en los segundos niveles de la Administración y en diversas instituciones como la Fiscalía General del Estado, al frente de la que estará la hasta ahora fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra.

La de hoy ha sido la segunda reunión del Gobierno de Pedro Sánchez y contará con una cara nueva respecto a la del viernes pasado, la del ministro de Cultura, José Guirao, tras sustituir en el cargo a Máxim Huerta después de su renuncia. Pero no ha habido la foto de familia del Ejecutivo tras esta incorporación ya que hoy no estará presente en la reunión el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya que se encuentra en Estados Unidos acompañando a los Reyes en su visita oficial a este país.

El Gobierno elabora un plan para abordar el narcotráfico en Gibraltar

sLa portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado hoy que el Gobierno elaborará un «plan integral de trabajo» para el campo de Gibraltar que aborde la problemática del narcotráfico no solo desde el punto de vista policial sino también con medidas sociales. «Hay que trabajar de forma transversal», ha explicado Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha puesto sobre la mesa la iniciativa de poner en marcha un plan integral para la zona.

Tras felicitar a las fuerzas de seguridad por su «extraordinaria» labor en la lucha contra el narcotráfico, la portavoz del Ejecutivo ha defendido que la solución a la problemática pasa por medidas transversales no solo policiales, sino también con «medidas de empleo, educativas o de cohesión social».

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