Los bienes ocultos de Mario Conde en la causa del 'pequeño Nicolás'

Situación de la finca La Alamedilla./R.C.
Situación de la finca La Alamedilla. / R.C.

La Policía descubre la existencia de una finca en Toledo, de una sociedad pantalla y usada desde 1997 como aval para obtener financiación

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional, por orden del entonces Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, detuvieron la mañana del 14 de octubre de 2014 a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, un joven de 20 años. 'El pequeño Nicolás' se encontraba en un portal de la calle Zurbano de Madrid esperando a un empresario que le iba a entregar 10.000 euros y que estaba siendo víctima de un supuesto fraude por parte del investigado.

Tras el arresto se produjo la entrada y registro en la vivienda familiar de Gómez Iglesias, situada en la cercana calle Maudes. Entre la documentación intervenida apareció información relacionada con el estafado, Francisco Javier Martínez de la Hidalga, un empresario jubilado de 75 años y exdirectivo del Banco Santander.

Los investigadores encontraron, entre otras cosas, archivos descargados de un expediente fiscal contra una sociedad del aludido (según Nicolás se los dio el empresario José Luis Balbás, señalado por el 'tamayazo' de Madrid en 2003). Documentos sobre la situación económica de Guinea Ecuatorial. Un borrador sobre un supuesto préstamo de diez millones del banco nacional de este país africano en el que se aportaba como aval una finca, llamada La Alamedilla -circunstancia que fue dada a conocer al comisario Pino- o dos menciones en una libreta del que fuera vicepresidente de Sa Nostra, hoy Banco Mare Nostrum, Antonio Borrás.

'El pequeño Nicolás' había conocido a su víctima días antes, gracias al abogado de éste, Juan Antonio Félix Untoria. El joven se presentó como una persona muy relacionada con el Gobierno, y especialmente con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Decía trabajar para un departamento de «inteligencia económica» inexistente, ser miembro del CNI y de la Casa Real. Las noticias llegaron a la Moncloa, desde donde salieron dos oficios el 6 y el 8 de octubre de 2014 destinados al Ministerio del Interior en los que se detallaban estas artimañas.

Sabedor de los problemas económicos y judiciales de Martínez de la Hidalga, 'el pequeño Nicolás' se presentó ante él como «solucionador» y le ofreció ayuda para poner a la venta la citada finca La Alamedilla, ubicada en Toledo, por 15 millones de euros (ahora se vende por 12). Para ello le vendió sus 'relaciones' con el presidente guineano Teodoro Obiang y con el exministro socialista Miguel Ángel Moratinos, con quien Gómez Iglesias llegó a mantener contacto, según detalla un informe de la comisión judicial del 'caso Nicolay', remitido al Juzgado de Instrucción dos de Madrid el pasado 1 de junio.

La supuesta operación de venta fue una de las causas de la detención de Nicolás tras la declaración policial del denunciante. Sin embargo, Gómez Iglesias manifestó a los agentes que su labor, en realidad, «era intermediar para conseguir un crédito hipotecario de 20 millones de dólares del Banco Nacional de Guinea».

Evitar el embargo judicial

Estas dos versiones opuestas llamaron la atención a los investigadores. De esta manera, de la operación inicial del 'pequeño Nicolás' se ha llegado ahora a la certeza «de que La Alamedilla se ha utilizado como aval para obtener financiación a través de créditos hipotecarios desde la constitución de la sociedad titular», Hacienda La Alamedilla SL, el 7 de mayo de 1997, es decir, hace ya veinte años.

Ese mismo día, precisamente, se compró la finca a Inversiones Rondonópolis SL, cuyos fundadores fueron Arturo Romaní (exvicepresidente de Banesto), Mario Conde (expresidente de Banesto) y Ramiro Núñez. Inversiones Rondonópolis compró en octubre de 1994 la finca a la financiera de Banesto y se la vendió en 1997 a Hacienda La Alamedilla.

Los socios de esta mercantil eran el propio Martínez de la Hidalga, Construcciones y Urbanismo SA, Inmobiliario Jerry y Servicios Empresariales Integrados SL. Esta sociedad está administrada por el empresario Adrián de la Joya -investigado en las pesquisas a OHL en el 'caso Lezo' y «estrechamente» vinculado al comisario José Manuel Villarejo, según el informe judicial-, o Rafael Martín Sanz, exconsejero manchego hasta 1986 y concuñado de Conde.

Los investigadores sospechan que en estas dos décadas ha habido una estrategia de protección de la finca para escapar del comiso de la Audiencia Nacional (Juzgado Central de Instrucción número tres), a diferencia de lo que ocurrió con otros terrenos adquiridos por las sociedades de los dos condenados por el fraude de Banesto, Romaní y Conde. Éste aún tiene responsabilidades civiles pendiente de pago (la última lista de morosos cifra su deuda en 9,3 millones).

Esta operativa, que pudiera enmarcarse en un presunto blanqueo de capitales, incluye también la concesión a Hacienda La Alamedilla de un préstamo de Sa Nostra por 3,45 millones y cuya garantía hipotecaria era la propia finca. Ello, pese a que la sociedad no tenía actividad. En aquella época, el vicepresidente de la caja era Antonio Borrás, cuyo nombre, curiosamente, aparece en dos manuscritos intervenidos a Nicolás.

De todo esto «cabe deducir que los socios se asustaron con la detención del joven por si se pudiera averiguar el origen de la finca y su vinculación con la mercantil que recibió fondos ilícitos del dinero desviado de Banesto» por Conde y Romaní, asegura la comisión judicial del 'caso Nicolay'.

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