El TSJC investigará a la consejera catalana de Gobernación por la compra de urnas para el referéndum

La sala civil y penal ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra la consejera catalana de Gobernación, Meritxell Borràs, y contra Francesc Esteve, secretario general de la Consejería de Gobernación. La querella se presentó por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos por el anuncio de la licitación para la compra de urnas.

Según el TSJC, existen indicios suficientes de que se han podido cometer esos tres delito, por lo que procede la admisión a trámite de la querella y de su escrito de ampliación, al valorarse como posible la presunta comisión de un delito de desobediencia, un delito continuado de prevaricación y un delito de malversación de fondos públicos. Por ello, el alto tribunal ordena abrir diligencias y asigna la instrucción de la investigación a la magistrada Mercedes Armas Galve.

La querella presentada por la Fiscalía apunta que en su voluntad de celebrar un referéndum de autodeterminación, al objeto de mantener el propósito de crear un Estado catalán independiente, Borrás y Esteve adoptaron medidas encaminadas a obtener los medios con los que poder convocar la consulta. Y en consecuencia, dictaron un acuerdo marco para el suministro de urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana, la fórmula elegida por la Generalitat para tratar de esquivar una posible impugnación, porque en ningún momento el anuncio público dice que las urnas sean para un referéndum. Se trata de un acuerdo para suministros de urnas electorales transparentes y urnas de cartón, con un plazo de vigencia de 48 meses, con un valor estimado el contrato de 200.000 euros, que también es el presupuesto base de licitación.

En cambio, la Fiscalía recordó, en su denuncia, que ninguna de las leyes en las que se ampara el acuerdo marco para el suministro de las urnas pueden servir de apoyo a las pretensiones referendarias, y que, por otro lado, existe un convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral entre la administración general del Estado y la administración de Cataluña, por el que el Estado cede material para la celebración de este tipo de elecciones, que privaría de sentido la adquisición de material con el que la administración catalana puede contar gratuitamente.

Se contiene, además, en la querella, que el procedimiento de licitación para la adquisición de urnas ha avanzado en su tramitación, habiendo concurrido dos empresas cuya intervención podría facilitar los fines pretendidos por los querellados, además de significar la realización de un acto ilícito. El auto del TSJC señala asimismo que debe añadirse, según el escrito de ampliación de la querella presentado por la Fiscalía Superior de Cataluña, el anuncio hecho público el 9 de junio por el presidente de la Generalitat, de su firme voluntad, expresada con toda solemnidad junto al Gobierno que preside de llevar a cabo el aludido referéndum el 1 de octubre de este año, con la pregunta ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?. Y que dos días más tarde, se celebró un acto político convocado por la Asamblea Nacional Catalana, Ómnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia, que contó con la participación de Borràs.

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