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El ministro Rafael Catalá, con el portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, en un acto este mes de febrero en Madrid.
La autonomía de los fiscales llega al Congreso

La autonomía de los fiscales llega al Congreso

La subcomisión para la reforma de la Justicia debatirá a partir del miércoles cambios en el papel del Ministerio Público, en plena polémica por el 'caso Púnica'

Mateo Balín

Domingo, 26 de febrero 2017, 11:54

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La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que regula el proceso penal y que pretende dar a los fiscales la instrucción de los procedimientos en lugar de los jueces, será uno de los puntos fuertes del paquete reformista del Gobierno en esta legislatura. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, quiere llevar este año el proyecto legal al Congreso y, pese a los primeros reveses de la oposición, confía en que la subcomisión para una Estrategia Nacional de Justicia, aprobada por el Pleno el pasado 2 de febrero y que echará a andar este miércoles, le dé un impulso definitivo a su plan legislativo.

Hasta la fecha no ha habido reuniones preparativas entre los grupos parlamentarios, sobre todo entre los portavoces de Justicia de PP y PSOE, por lo que el debate comenzará prácticamente de cero. El único punto positivo es que ya existen dos documentos marco sobre los que trabajar: el proyecto que presentó el exministro socialista Francisco Caamaño en 2010 y el que se elaboró en la Comisión de Justicia de la legislatura 2011-2015, con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro.

En sendos textos, asesorados por magistrados del Tribunal Supremo como Cándido Conde-Pumpido, entonces fiscal general, o Manuel Marchena, actual presidente de la Sala Segunda (Penal) y fiscal de carrera, coinciden en que la nueva LeCrim otorgue al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación y vele por el pleno respeto a los derechos fundamentales mediante la creación de la figura del juez de garantías.

La nueva norma deberá entregar todo el protagonismo al juicio oral, momento en el que deben practicarse las pruebas; debe mejorar las garantías de defensa con la participación de las partes en la fase de investigación; debe simplificar los procedimientos y recursos, mejorar las tareas de coordinación policial y articular un procedimiento especial para la investigación y enjuiciamiento conjunto de menores y mayores en los supuestos graves.

Según fuentes ministeriales, estos cambios requerirán de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que refuerce la potestad normativa y la «absoluta autonomía» de los fiscales en el desempeño de sus funciones. Una condición, la autonomía de los futuros fiscales instructores, que el PSOE también ve «fundamental».

Más aún en plena polémica por el 'caso Púnica' y la investigación judicial al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a la que se opuso la Fiscalía General tras consultar con fiscales del Supremo. Ello, pese a que las dos fiscales anticorrupción del caso sí veían motivos para actuar contra el político por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada en la contratación de un plan de reputación 'online', valorado en 36.800 euros, que supuestamente se pretendía enmascarar en gasto de la Consejería de Educación y que no se ejecutó porque antes estalló la operación.

El portavoz parlamentario de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, considera que es necesario flexibilizar el actual sistema de dependencia jerárquica de la Carrera Fiscal, que junto a la unidad de acción son dos de los principios básicos. «Es necesario dotar de herramientas a los fiscales instructores para reforzar su autonomía con respecto a sus superiores. Las desautorizaciones hay que motivarlas; el mecanismo debe parecerse al de los jueces con el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), donde pueden encontrar amparo frente a presiones internas o descalificaciones políticas», explica Campo, magistrado de profesión, que advierte al PP de que en el debate sobre la autonomía de los fiscales habrá «líneas rojas». «No vamos a permitir que se cambien las vías del tren y no los trenes», aseguró.

El proyecto socialista de la LeCrim, en el que también participó Juan Carlos Campo, exsecretario de Estado de Justicia, recogía varias ideas que centrarán la negociación. Dice que el Ministerio Fiscal «no puede estar sujeto a ningún tipo de vínculo de dependencia jerárquica externa o partidista» y pretende reforzar que el fiscal encargado de un asunto está legitimado para cuestionar las órdenes de los superiores que estima que son improcedentes. Puede, así, someterlas a la reflexión colectiva de la Junta de la Fiscalía.

Asimismo, se arbitra un mecanismo de debate de la cuestión controvertida dentro de la propia institución, correspondiendo la decisión final al superior común de los que han mantenido la discrepancia. En función de las particularidades de la materia afectada o de la complejidad del caso, la investigación podrá ser encomendada a un órgano central de la institución, bien una Fiscalía especial -Anticorrupción o Antidroga, por ejemplo-, bien a un Fiscal de Sala especialista dentro de la estructura de la Fiscalía General. Por último, se podrán asignar varios fiscales para una sola investigación, bajo la coordinación de uno de ellos.

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