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El fiscal del juicio del 9-N niega presiones del Gobierno

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El expresidente de la Generalitat Artur Mas, a su llegada al TSCJ en la última jornada del juicio del 9N. / efe

  • «No se juzga la voluntad popular, sino la ruptura de la democracia», ha afirmado

  • «Pido la condena de los tres acusados», ha añadido el Ministerio Público

El juicio del 9-N quedará este viernes visto para sentencia, después de que la Fiscalía, la acusación popular y las defensas de los acusados presenten sus conclusiones y Artur Mas, Joan Ortega e Irene Rigau hagan uso a su derecho a decir la última palabra. El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha sido el primero en defender sus conclusiones, en las que ha pedido la condena para los tres acusados por los delitos de prevaricación y desobediencia, pero que sobre todo ha terminado replicando algunas de las imputaciones que desde el independentismo se hace a la Fiscalía, al juicio del 9-N y por extensión a la calidad democrática de España. "Este juicio también es democracia", ha afirmado.

A su juicio, lo que se dilucida en esta proceso judicial es si el Gobierno catalán desobedeció o no al Constitucional y si eso es delito o no, pero aún así, ha concluido con un alegato más político que jurídico, pues ha negado presiones del Gobierno para inculpar a Mas, Ortega y Rigau. “No hemos recibido ninguna indicación, además, no la habríamos aceptado”, ha afirmado. Sánchez Ulled ha desvelado además que la fiscal general del Estado le “encomendó” que tratara de hacer una “valoración técnica rigurosa, en el sentido que sea, tanto si era para archivar como de acusar”.

Y ha rematado con un “ya está bien” de cuestionar la independencia del sistema judicial español, en alusión a las declaraciones de los soberanistas y a la manifestación que el lunes arropó a los tres acusados. “Tan democrático será este tribunal si absuelve como si condena”, ha asegurado. Según ha afirmado, cuestionar la independencia judicial es lanzar un “dramático” “torpedo” contra la “línea de flotación del sistema democrático”. “No se puede contraponer democracia contra Estado de derecho”, ha concluido.

En un largo informe de más de dos horas, el fiscal “ha pedido la condena de los tres acusados”, pues considera que “articularon una estrategia de desafío abierto” a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. “Aquí no se juzga la voluntad popular ni se persigue la democracia. Es una cosa distinta. Aquí se juzga si hubo o no desacato o incumplimiento de la suspensión del Constitucional”, ha señalado. Y ha añadido: “Quiero expresar con tristeza”, que lo que ha habido es una “ruptura de las reglas democráticas y de la convivencia”.

El fiscal, ha puesto sobre la mesa lo que Mas dijo en el juicio de que se le planteó una disyuntiva entre obedecer al tribunal o al clamor popular. “Esto es revelador”, ha señalado. “De eso hablamos, de si se obedeció o no al TC”, ha insistido. A su entender, el Gobierno catalán “no hizo nada” para suspender el proceso participativo y “continuó con la actividad de manera encubierta, dando la apariencia de que estaba en manos de voluntarios”. “Hubo control y desarrollo del 9-N, fue un flagrante incumplimiento de la suspensión”, ha resaltado. Según el fiscal, Mas, Ortega y Rigau, “caprichosamente ignoraron el mandato constitucional”.

“Eran conscientes del mandato del TC y de lo que implicaba”, ha dicho. Sus argumentos son que se abrieron escuelas publicas, se usaron ordenadores públicos y en los centros de votación había vallas con el logotipo de la Generalitat. Además, ha insistido en que la web que se habilitó para la votación no se paralizó y se actualizó el programa que la sostenía y algunas de las aplicaciones.