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La Generalitat llama a los funcionarios a librar para acudir a la manifestación del juicio a Mas

Meritxel Borràs, consejera de Gobernación de la Generalitat de Cataluña.
Meritxel Borràs, consejera de Gobernación de la Generalitat de Cataluña. / Toni Albir (Efe)
  • "Lo veo bien y necesario", afirma la consejera de Gobernación, Meritxel Borràs

La Generalitat catalana ha hecho esta mañana suya la llamada que hizo la semana pasada la ANC a los funcionarios a que se cojan un día libre el próximo 6 de febrero para acudir a la manifestación de protesta por el inicio del juicio contra Artur Mas por la consulta del 9-N. En una interpelación parlamentaria que le ha hecho Ciudadanos, la consejera de Gobernación, Meritxel Borràs, ha señalado: "¿Es necesario que tomen fiesta? Sí, lo veo bien y necesario". "Si le parece espantoso, lo siento", ha añadido.

La ANC y Ómnium Cultural han puesto en marcha toda su maquinaria organizativa para convertir el arranque del juicio el próximo 6-F en una gran movilización a favor del referéndum, contra la judicialización de la política y de rechazo al sistema democrático español. Las plataformas independentistas han activado un registro de inscripciones, como hacen en las manifestaciones del 11-S, y han empezado a contratar autobuses, con el objetivo de que la movilización sea multitudinaria. Además, la semana pasada hicieron una llamada a los trabajadores catalanes para que se cojan un día de fiesta o de libre disposición para sumarse a la protesta.

"Los funcionarios no tienen nada que ver con sus obsesiones políticas, no les utilicen ni les obliguen a pagar las consecuencias de sus actos", ha afirmado en la Cámara catalana el diputado de Ciutadans, José María Espejo-Saavedra.

Espejo-Saavedra ha pedido al Gobierno catalán que "garantice que no va a dar órdenes ni recomendaciones" a estos trabajadores –que en Cataluña son alrededor de 230.000- que vayan "en contra de la Constitución", dejándoles "desamparados" y obligándoles a posicionarse políticamente. "Ustedes, desde el coche oficial y cobrando 100.000 euros anuales, pondrían en una dificilísima situación a trabajadores públicos que cobran un sueldo modesto para llegar a fin de mes", le ha advertido.