Un funcionario del Registro Civil exigió sexo a 17 inmigrantes para aligerar sus trámites

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a penas que suman tres años y un día de prisión a un funcionario de justicia destinado en el Registro Civil que exigió favores sexuales a 17 mujeres para agilizar sus solicitudes de nacionalidad.

La sentencia condena al acusado, Francisco S.R., a un año y siete meses de prisión e inhabilitación absoluta por nueve años y un mes por un delito continuado de abuso en el ejercicio de la actividad de funcionario, y a un año y seis meses por un delito de abuso sexual.

El tribunal, que tiene como ponente al magistrado José Luis García, lo absuelve de otros tres delitos de abusos sexuales por los que igualmente fue juzgado porque las víctimas de estos hechos no presentaron denuncia contra él.

En cuanto a la responsabilidad civil, el tribunal condena al acusado a indemnizar a una de estas mujeres por daños morales con 3.000 euros y a otra con 1.000, cantidades de las que deberá responder de forma subsidiaria el Ministerio de Justicia.

Casi una veintena de mujeres en dos años

El relato de hechos probados recogido en la sentencia señala que este funcionario se aprovechó de que se ocupaba de la tramitación de los expedientes de nacionalidad española por residencia para exigir favores sexuales a 17 mujeres, entre los años 2009 y 2010.

Añade que a todas ellas les indicaba que si querían que esos expedientes se tramitaran con rapidez debían acceder a lo que les reclamaba.

La Audiencia Provincial comenta también que en muchas ocasiones preguntaba a las solicitantes datos personales y relacionados con prácticas sexuales que nada tenían que ver con los expedientes que tramitaba.

Las mujeres a las que pidió mantener relaciones sexuales o tocamientos eran naturales de Colombia, Marruecos, Ecuador, República Dominicana, Bolivia y Paraguay.

Señala también la sentencia que si alguna de ellas permitió algún tocamiento fue movida por el deseo de adquirir la nacionalidad española y porque se vio sorprendida por las peticiones que le hacía el funcionario.

El tribunal comenta, por otra parte, que en algunas ocasiones el funcionario aprovechaba los sábados de guardia para convocar a las solicitantes del certificado de nacionalidad, y que a alguna las citaba para verse en algún local público o en un piso, a lo que ninguna de ellas accedió.

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