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Detenidos dos activistas en Grecia por intentar trasladar a ocho refugiados a España

Refugiados sirios en las costas de Grecia.
Refugiados sirios en las costas de Grecia. / Efe
  • El histórico militante abertzale Mikel Zuloaga y la activista navarra Begoña Huarte podrían ser acusados de tráfico de seres humanos

  • El detenido sostiene en un vídeo grabado antes de su detención que la ciudadanía tiene «derecho a desobedecer trayendo a personas refugiadas y haciendo de Euskal Herria tierra de acogida»

Los dos activistas vascos que fueron detenidos este martes por la Policía griega en la localidad fronteriza de Igumenitsa (norte del país) mientras ayudaban a un grupo de ocho refugiados a cruzar en ferry a Italia continúan retenidos y pasarán a disposición judicial.

Mikel Zuloaga y Begoña Huarte serán trasladados mañana ante el fiscal y el juez instructor bajo la acusación de "intentar trasladar a personas que no disponían de documentos aptos para viajar." La detención se produjo poco después de la medianoche en un control de rutina de una autocaravana que estaba lista para entrar en un ferry rumbo a Italia.

Según han explicado los dos vascos en una nota, pretendían desarrollar una acción de solidaridad y de denuncia pública a través de una iniciativa desobediente con las leyes migratorias europeas. La acción se llevó a cabo con dinero donado por varios movimientos sociales.

Zuloaga sostiene en un vídeo grabado antes de su detención que la ciudadanía tiene "derecho a desobedecer trayendo a personas refugiadas y haciendo de Euskal Herria tierra de acogida".

En la grabación, difundida a través de las redes sociales, Zuloaga enmarca su actuación en una acción de "denuncia política" y "sin ánimo de lucro", puesto que el viaje destinado a traer hasta el País Vasco a ocho refugiados ha sido financiado por diferentes personas y colectivos sociales.

Histórico militante abertzale

Zuloaga es un histórico militante abertzale que fue condenado a diez años de cárcel en 2007 por la Audiencia Nacional por un delito de colaboración con ETA y absuelto dos años después por el Tribunal Supremo.

Según ha informado hoy la organización vasca de solidaridad con los refugiados Harrera Solidarioa, los dos activistas participaban en una iniciativa de solidaridad y denuncia de las políticas migratorias europeas y en defensa de los derechos humanos, en una acción de desobediencia civil autofinanciada por personas de diversos movimientos sociales.

Seis de los ocho refugiados ya habían solicitado asilo político en Grecia y han sido puestos en libertad, mientras que los otros dos todavía continúan detenidos. Los activistas pueden ser acusados de tráfico de seres humanos, un delito castigado con penas de prisión muy altas en Grecia.

Gestiones desde el Gobierno vasco

El Gobierno vasco está llevando a cabo gestiones diplomáticas con la embajadas española y griega, así como con el Ministerio de Asuntos Exteriores, para tratar que el incidente se resuelva "con prontitud de la forma menos lesiva para los afectados". "Entendemos lo que estas personas están haciendo en Grecia, pero no compartimos sus métodos", añadieron las mismas fuentes.

El Gobierno Vasco "comprende" la "indignación y desacuerdo" que muchos ciudadanos sienten por las políticas de la Unión Europea con los refugiados, pero "no comparte el método elegido" para denunciarlas que han elegido el hombre vasco y la mujer navarra detenidos.

Tras conocerse esta noticia el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha asegurado que "comprende la motivación de indignación y desacuerdo" de muchos ciudadanos por la actuación de la UE con los refugiados, pero que "no comparte el método elegido en este caso para trasladar su denuncia".

Una catalana pasó tres semanas en prisión

A comienzos de este mes, la sindicalista de CGT en la Diputación de Barcelona, Lola Gutiérrez, fue deportada tras permanecer detenida tres semanas en Grecia por ayudar a un refugiado kurdo intentar salir del país y llegar a España. El juez decretó su libertad con cargos pero la policía griega utilizó "prerrogativas especiales" para mantenerla entre rejas al considerarla "un peligro para el estado", según fuentes sindicales.