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Carme Forcadell.
Carme Forcadell. / Efe

El Constitucional abre una nueva causa penal contra Forcadell

  • El nuevo proceso judicial incluye a todos los miembros soberanistas de la mesa del Parlamento catalán

  • "No nos convertiremos en censores de la Abogacía del estado", dice la presidenta de la Cámara catalana

El Tribunal Constitucional ha abierto una nueva causa penal contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell. El procedimiento judicial, en este caso, también afecta a Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet, todos ellos miembros de la mesa del Parlamento catalán en representación de Junts pel Sí y Catalunya sí que es Pot. Todos ellos han recibido esta mañana la notificación del Constitucional, según la cual les informa que ha admitido a trámite un incidente de ejecución instado por la Abogacía del estado por algunas de las resoluciones que se aprobaron en la Cámara catalana en el debate de política general del pasado 6 de octubre para celebrar un referéndum unilateral y que a juicio de la Abogacía del Estado suponen un desarrollo de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 suspendida por el Tribunal Constitucional.

"Les advierto de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, advirtiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal en que puedan incurrir en caso de incumplimiento" de lo que ordena el Constitucional, señala el alto tribunal en la notificación entregada a los cinco miembros de la mesa de la Cámara catalana. Todos ellos tienen 20 días para presentar alegaciones.

Esta causa judicial se une a la que ya tiene abierta Carme Forcadell, y que se especulaba con que hoy pudiera ampliarse a los otros cuatro integrantes soberanistas de la mesa. Forcadell está investigada, y por esa razón declaró el viernes pasado ante el TSJC, por haber permitido el debate y votación de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente, a pesar de que el Constitucional le había instado a impedirlo porque consideraba también que emanaba de la resolución independentista del 9 de noviembre. Forcadell ha afirmado esta mañana que su obligación es asegurar que, "a pesar de la intimidaciones", se celebrarán los debates. "Nuestra función como miembros de la mesa es favorecer el debate y no coartarlo. Nos negamos a convertirnos en censores del Gobierno", ha afirmado. "El Gobierno quiere dejar la mesa del Parlament en manos de la Abogacia del Estado", ha rematado.