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Luis Bárcenas.
Luis Bárcenas. / Andrea Comas (Reuters)

IU pide que el PP pague casi once millones por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

  • Para la tesorera, el abogado y el informático del partido solicita la pena de cinco años de prisión y que indemnicen al extesorero

La formación política Izquierda Unida junto a la asociación Justicia y Sociedad y la federación Los verdes, Els verdes, Berdeak, os Verdes han solicitado en su escrito de acusación que el PP sea condenado a pagar una multa de 10.950.000 euros, y que a la tesorera del partido Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán se les imponga una pena de cinco años de prisión por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero 'popular' Luis Bárcenas.

En un auto del pasado mes de julio, la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, concluyó la instrucción de esta causa y transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado. Acusó a todos ellos de los delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir dos portátiles a "conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".

El procesamiento está recurrido por la Fiscalía de Madrid y el propio partido ante la Audiencia Provincial. Asimismo, este miércoles la formación recusó a la juez de la causa debido a sus vinculaciones con el PSOE; y Bárcenas dio instrucciones a su abogado para apartarse de este procedimiento.

Así, IU como acusación ha pedido este jueves en su escrito de acusación que el PP responda a una multa de 5.000 euros al día, durante tres años por cada uno de los delitos de daños informáticos, "atendiendo a la gravedad del resultado producido y a la especial afectación sufrida por los intereses generales a consecuencia de los delitos".

Para cada una de las tres personas procesadas y vinculadas con el partido, solicita por los dos delitos de daños informáticos y por encubrimiento, la pena de cinco años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Para Durán, también solicita una inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado durante cinco años. Asimismo, con respecto a la responsabilidad civil, la formación de Alberto Garzón reclama que los acusados indemnicen a Bárcenas, con el que, según señala, se estableció una "relación 'negocial simulada'".

Pide que Cospedal declare como testigo

En este escrito, en el que se interesa por la apertura de juicio oral, informan de que si así ocurre, tiene intención de interrogar a los acusados como medio de prueba. También, pide llamar como testigos a Bárcenas, el exresponsable del departamento informático del PP Javier Barrero Merino -archivada su implicación en la causa después de declarar que nunca había comprado los ordenadores cuando era jefe de sistemas informáticos-, la que fue secretaria del extesorero Estrella Domínguez, y el exjefe de seguridad del PP y cuñado del excontable de la formación Antonio de la Fuente.

En esta lista de testigos también aparece el nombre de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. IU ve pertinente su declaración ya que tiene "conocimiento de los hechos investigados" al ser la "superior jerárquica" de Navarro y Moreno. De hecho, subraya que Navarro ya declaró que "despacha directamente" con Cospedal y que "ambas tomaron conjuntamente" la decisión de prohibir la entrada a la sede del PP, en la calle Génova de Madrid, a Bárcenas.

El PP no impidió la comisión de delitos, según la juez

Según el auto del pasado julio, la magistrada considera a los acusados autores de dos delitos de daños informáticos. Para Freire, Durán ordenó la destrucción de los discos duros para eliminar los archivos, mientras que la actual tesorera "conocía sobradamente el apoderamiento y la custodia" de dichos dispositivos y "permitió" que Moreno ejecutase dicha orden "a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello". En cuanto al PP, la magistrada consideró que no estableció "un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de esos delitos" y que actualmente no existe un inventario de los elementos informáticos que ha habido en 'Génova'.

Con respecto al delito de encubrimiento, la titular del Juzgado número 32 de Madrid dice que es aplicable al abogado y a la actual tesorera de la formación porque conocían la investigación judicial en curso sobre la presunta financiación ilegal del PP. Sobre Moreno, subraya que es un "experto" informático y le acusa de este delito por su "colaboración imprescindible" para aplicar las técnicas para la eliminación de archivos.

La decisión de la magistrada de procesar al PP es un primer paso para que, por primera vez, una formación política se siente en el banquillo de los acusados como persona jurídica. No obstante, el Ministerio Público recurrió esta resolución porque entiende que no existen pruebas de la comisión de los delitos de los que se les acusan a la formación, a la tesorera, al abogado y al informático. Por su parte, el PP defiende que no "existía información" en los ordenadores con los que trabajaba Bárcenas y que el propio Bárcenas cambió en noviembre de 2012 el disco duro de uno de ellos, meses antes de abandonar su puesto y destruyó el antiguo.

Recusación a la magistrada

Asimismo, este miércoles la defensa del PP, Alberto Durán, presentó un escrito de recusación a la juez instructora al dudar de su imparcialidad, ya que, en su opinión, es un "eficaz instrumento" del PSOE, ya que tiene una vinculación con el partido de Pedro Sánchez.

Argumenta la defensa que Freire fue propuesta por el exdiputado socialista y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro Cuesta, para sustituir a Javier Gómez Bermúdez en el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. Y, subraya que existe una "evidente relación" entre ambos dos, ya que "coinciden regularmente en distintos eventos y ponencias". "No deja de ser significativo a estos efectos que haya sido precisamente la recusada quien ha dirigido por primera vez en España la acción penal contra un partido político lo cual (...) produce un rédito político indiscutible para el PSOE, con el que mantiene una vinculación", dice el escrito de recusación.

A principios de esta semana, el abogado de Luis Bárcenas, Francisco Maroto, recibió instrucciones de su defendido de apartarse de este procedimiento, alegando motivos económicos, pues sostiene en la actualidad una quincena de pleitos, la mayoría de ellos contra el PP o algunos de sus dirigentes. Solicitó el pasado mes de marzo a la Audiencia Nacional el desbloqueo de 10.000 euros de sus cuentas para hacer frente a los gastos de su equipo jurídico.