Problemas de Barberá con la justicia por no cumplir la Ley de Memoria Histórica

El futuro judicial de Rita Barberá sigue nublándose. Y no solo por los supuestos casos de corrupción que salpican a su entorno. La titular del Juzgado de Instrucción 16 de Valencia, que instruye una denuncia contra la exprimera edil por incumplir la Ley de la Memoria Histórica, ha oficiado al Senado para que certifique que Barberá ocupa un escaño en la cámara alta, circunstancia ésta que determinaría que el órgano competente para investigarla y, en su caso, juzgarla, es el Tribunal Supremo.

Según informa hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (el escrito del juzgado de instrucción, fechado el 22 de febrero) es un recordatorio de otro oficio dirigido al Senado en octubre de 2015 ya que, después de cuatro meses, la magistrada seguía sin recibir respuesta a su solicitud de información sobre Barberá.

La exalcaldesa de Valencia fue denunciada en mayo de 2015 por tres personas (un diputado socialista, el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica y un abogado) por supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio en los que habría incurrido por negarse a retirar de las calles de la ciudad escudos, insignias y placas con símbolos franquistas.

En junio, la titular de instrucción 16 se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) porque entonces Barberá era diputada autonómica y, por tanto, aforada ante el Alto Tribunal valenciano.

En septiembre, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechazó la inhibición del Juzgado de Instrucción 16 de la capital y le devolvió la causa tras recibir la acreditación de que la denunciada, desde el 22 de julio de 2015, ocupaba un escaño en el Senado.

El TSJCV, de conformidad con el criterio expresado por la Fiscalía, entendió entonces que la condición de senadora de la exalcaldesa, única denunciada, determinaba la "falta de competencia de esta Sala para pronunciarse sobre la admisión de dicha denuncia, al resultar competente la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

Por tal motivo, el ponente, el magistrado José Francisco Ceres, acordó no aceptar la inhibición del Juzgado de Instrucción 16 en el que recayó inicialmente la denuncia contra Barberá y devolver a dicho juzgado las diligencias.

La magistrada solicitó entonces, en octubre, a la Cámara Alta la acreditación de que la exalcaldesa de Valencia es senadora. Esa petición no fue respondida. Cuatro meses después, el Juzgado de Instrucción 16 ofició de nuevo al Senado para reiterar la petición de la información que necesita la magistrada antes de resolver si envía la causa al Tribunal Supremo.