Así convirtieron al yihadismo a los gemelos Ataoui

Los hermanos Ataoui (apellido supuesto al tratarse de menores) fueron detenidos en Badalona (Barcelona) junto a sus padres el 31 de marzo pasado. La Guardia Civil irrumpió en su casa de madrugada en el marco de una operación ordenada por un juzgado de la Audiencia Nacional. La familia está acusada de pertenencia a organización terrorista, después de que desbarataran los planes de los gemelos de 16 años de viajar a Siria para hacer la "guerra santa" con los combatientes de Daesh, según informó en su día el Ministerio del Interior.

El juez Pablo Ruz, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, ordenó el ingreso en prisión incondicional de la madre al estimar, según los informes del Servicio de Información, que "facilitó las gestiones" para que sus hijos se desplazaran a Siria "de forma inminente". El padre, obrero de la construcción, quedó en libertad con medidas cautelares aunque está investigado por el mismo delito.

La causa contra los dos hijos se fue al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. Tras consultar con la Fiscalía, el titular José Luis Castro mandó a los adolescentes a un centro de internamiento durante nueve meses. La medida provisional tenía el doble objetivo de perseguir penalmente su conducta y permitir su protección para alejarles de su entorno nocivo. El plazo de internamiento concluyó en diciembre y los gemelos quedaron en libertad provisional a la espera de juicio. Volvieron con su padre a la casa de Badalona. La fiscal del caso, Blanca Rodríguez, ha pedido en un escrito de alegaciones (acusación) el internamiento de ambos en régimen cerrado durante tres años y otros tres más de libertad vigilada cuando salgan del centro.

Según el abogado defensor de la familia, Jacobo Teijelo, los menores, a los que sus padres enviaron en septiembre de 2014 a estudiar a Tetuán (Marruecos) por problemas económicos, "fueron captados por personas pertenecientes a organizaciones yihadistas que trataban de llevarles a la guerra en Siria". Ambos estudiaron en una madrasa y fue allí donde los radicalizaron. Un proceso donde la madre, Rhimou, tuvo un papel decisivo, según la Guardia Civil, quienes tenían los teléfonos de la familia intervenidos y les seguían el rastro en redes de Internet.

En cambio, la versión del abogado difiere. Afirma que la madre, enterada de su radicalización, viajó a Marruecos y los trajo a casa. Pero el "controlador" siguió al acecho y convenció a los gemelos para que regresaran a Tetuán. En ese punto se precipitaron las detenciones. La Guardia Civil se apoyó además en que un hijo de una expareja de Rhimou viajó a Siria, donde murió en 2014.

El procedimiento penal contra los padres permanece secreto. Pero el de los menores se levantó tras quedar éstos libres. Según la defensa, los detenidos han colaborado con la Justicia en este tiempo, "aportando incluso datos de los captores yihadistas marroquíes". El resultado ha sido al menos dos operaciones policiales contra este entramado.

Guerra sin cuartel

Justo cuando se cumplía el plazo de internamiento, la fiscal Rodríguez buscó in extremis un acuerdo de conformidad de penas con la defensa. Eso sí, sin permitir que el abogado accediera al sumario de los padres. Esta negativa y su rechazo a que forenses de otro juzgado realizasen un informe pericial de los niños, que determinase si han sido víctimas de un "lavado de cerebro", como sostiene la defensa (está a la espera de que la Sala Penal resuelva su recurso), desbarató el acuerdo.

A partir de ahí empezó una guerra sin cuartel de la fiscal para quitarle el caso al letrado. El 2 de diciembre denunció en el Colegio de Abogados de Madrid una posible incompatibilidad por conflicto de intereses en ambas causas. "Trata de removerme como se hacía con la ley de orden público de 1959 para imponer abogados sin experiencia en terrorismo y seguir con defensas aparentes que no reales", criticó Teijelo en su respuesta al Colegio.

Cree que la fiscal busca "intimidar" a la defensa "porque sabe demasiado" e imponer un "brutal" castigo a la familia conculcando sus derechos. Asimismo, denuncia que trata de cubrir su pasividad frente a sus superiores forzando una conformidad. Por este motivo, ha pedido amparo al Colegio y que remita el caso a la inspección Fiscal para que investigue si hay obstrucción del derecho a la defensa, penada con inhabilitación. En juego, derechos fundamentales y el futuro de los menores.