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La ley de control financiero de los partidos deja fuera la reducción del número de aforados

María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy.

María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. / Efe

  • El PP se compromete con el PSOE a limitar este privilegio "cuando sea posible"

  • Los socialistas, Izquierda Plural y UPyD consideran que la redacción final resulta insuficiente y echan en falta asuntos como la prohibición de las 'puertas giratorias'

  • Los populares suman a PNV y CiU a los nuevos controles a partidos y fundaciones, mientras PSOE, IU-ICV y UPyD se abstienen

La ley que regulará el control financiero de los partidos políticos y aumenta los mecanismos para prevenir la corrupción ha pasado hoy el examen de la Comisión Constitucional del Congreso gracias a los votos a favor de PP, CiU y el PNV y la abstención del PSOE, la Izquierda Plural y UPyD.

En la misma sesión, la Comisión Constitucional ha dado su visto bueno, también con el apoyo de PP, CiU y PNV pero en este caso con el voto en contra de socialistas e IU, al proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo, que ahora se remite al Senado.

Tras el debate en comisión, el proyecto de ley orgánica de control financiero de los partidos políticos será remitido al pleno del Congreso de la semana que viene para su aprobación después de intensas jornadas de trabajo en las que los grupos parlamentarios han negociado las nuevas medidas para prevenir la corrupción en el ámbito de los partidos políticos.

La norma consolida el recorte del 40% de las ayudas públicas a los partidos de los últimos años y añade una reducción del 20% de las subvenciones para envíos de propaganda electoral, prohíbe las donaciones de empresas y fija en 50.000 euros la cantidad máxima que pueden recibir de una persona física.

En lo que todos han coincidido es en valorar el esfuerzo de los grupos parlamentarios para dar respuesta a la desafección de la sociedad hacia la clase política y el talante del representante del PP en la materia, José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha subrayado que este proyecto nació del impulso del Gobierno, pero también de los ciudadanos, "que tenían razón en sus demandas". "No podemos cambiar el pasado, pero si podemos legislar frente a determinados comportamientos para que no vuelvan a reproducirse", ha dicho Bermúdez.

A pesar de su abstención, el diputado socialista José Enrique Serrano ha puesto en valor las nuevas limitaciones a la financiación privada de los partidos como una respuesta a esa desafección por la corrupción política.

Otra de las medidas que ha valorado es que se incluyan plazos máximos para la constitución de una formación política y para la renovación de sus cargos, y que se reconozca expresamente la posibilidad de que los dirigentes sean elegidos por elección de todos sus afiliados, aumentando así los derechos de éstos.

Sin embargo, en la nueva ley se queda fuera la reducción del número de aforados. El secretario general del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha avanzado hoy el "compromiso político" del PP de regular y limitar los aforamientos de los altos cargos, como pedía el PSOE, "en el momento que sea posible".

Bermúdez de Castro ha anunciado que el PP dejará claro ese "compromiso político" en una enmienda transaccional al proyecto de ley de control financiero de los partidos políticos, que hoy se debate en Comisión, en la que el secretario general del grupo popular ha intervenido para avanzar esa intención de su partido. Limitar los aforamientos era una de las exigencias que había planteado el PSOE en sus enmiendas a los proyectos del estatuto del cargo público y el control financiero de los partidos, enmarcados en el plan de regeneración democrática del Gobierno.

El PP argumenta que esa limitación no puede regularse en este momento debido a que sería necesaria una reforma de la Constitución, que es la que fija la condición de aforados para diputados y senadores, y además afecta a los estatutos de autonomía cuando se trata de altos cargos de las comunidades autónomas. Por eso, el compromiso que el PP trasladará a la enmienda transaccional es que se limitarán los aforamientos en el futuro y cuando sea posible.

En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado en Castellón que el aforamiento es una "cuestión instrumental" y no supone "no trabajar contra la corrupción", ya que combatirla es un "objetivo estratégico del Estado". Al ser preguntado por la reducción del número de aforados , Catalá ha dicho que el aforamiento "es una cuestión instrumental" por lo que ha pedido hacer una reflexión "más madura" porque "no es un privilegio o una capacidad de no trabajar contra la corrupción, sino de que un tribunal conoce de una causa distinto de otro".

"Financiación pública"

Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, ha valorado el "buen trabajo" de los grupos políticos y, aunque no se ha opuesto al recorte de subvenciones, sí ha recordado que su grupo es partidario de una financiación "eminentemente pública".

El PNV ha dado su apoyo a este proyecto de ley, aunque, como ERC -que ha votado en contra-, ha aprovechado para solicitar también que se aborde la devolución del patrimonio incautado a los partidos políticos durante la Guerra Civil.

En cualquier caso, el portavoz del grupo vasco, Aitor Esteban, ha considerado necesarios los controles a los partidos : "No vamos a escurrir el bulto".

También CiU ha votado a favor después de que la diputada Montserrat Surroca haya elogiado el esfuerzo de consenso que ha hecho el PP.

Por contra, UPyD ha criticado que se imponga un sistema en el que prima la financiación pública y el diputado Carlos Martínez Gorriarán ha apostado un sistema mixto.

El popular Bermúdez de Castro ha destacado la importancia de esta ley, incluida en el plan de regeneración y lucha contra la corrupción, y ha defendido que la solución a los problemas pasa por "reformar lo que funciona para que funcione mejor y corregir los defectos y desviaciones" frente a quienes con sus "mensajes populistas" persiguen la "deslegitimación del sistema" para "alcanzar e poder.

Ley del Alto Cargo

Por otra parte, la Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado y remitido al Senado la ley que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración, uno de los proyectos de ley contra la corrupción que fueron presentados por Mariano Rajoy el pasado 27 de noviembre. Al final, el PP ha sumado el voto de CiU y PNV mientras que UPyD se ha abstenido y el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y ERC han optado por votar en contra al considerar el texto insuficiente.

El Estatuto del Alto Cargo fija, entre otras cuestiones, los requisitos de idoneidad para ocupar esos puestos, las declaraciones de bienes y certificados tributarios que deben presentar, las incompatibilidades, el régimen sancionador que les afecta y los informes que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.

El PP ha acordado además con CiU y PNV dejar claro que la aplicación de todas estas medidas en el ámbito autonómico dependerá de lo que decidan los gobiernos de las comunidades. Ello ha facilitado el apoyo de las formaciones nacionalistas.

Pero el PSOE, Izquierda Plural y UPyD consideran que la redacción final resulta insuficiente y echan en falta asuntos como la ampliación del periodo de incompatibilidad de los altos cargos cesados (ahora son dos años), la prohibición de las 'puertas giratorias', la independencia de los órganos de supervisión o la regulación de los grupos de presión ('lobbies').

Cese por corrupción

Además, la exigencia del cargo en caso de verse afectado por un caso de corrupción, otro de los puntos demandados por la oposición, ha quedado definitivamente relegado a la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

El PSOE propuso enmiendas para hacer efectivo el cese cuando el cargo público esté en curso en un juicio oral y se le imputen delitos un delito de corrupción, un mandato que quiere extender a diputados, senadores y alcaldes. Izquierda Plural, por su parte, era partidario de adelantar el cese a la imputación de un delito, haya o no juicio oral.

Pero el PP no quiso entrar en este asunto en sus enmiendas a la ley que regula el estatuto del alto cargo y este miércoles, cuando la norma se ha debatido en la Comisión Constitucional del Congreso, ha confirmado que la exigencia del cargo en casos de corrupción se resolverá en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pretende entregar al Congreso en febrero para que se apruebe antes del verano.