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Salen de prisión dos directivos de Adif tras pagar una fianza de 340.000 euros

La juez Mercedes Alaya a su llegada a los juzgados de Sevilla la semana pasada
La juez Mercedes Alaya a su llegada a los juzgados de Sevilla la semana pasada / Efe
  • Antonio Rodríguez Jurado y Enrique José Finch Ramos están implicación en la operación Enredadera, en la que se investiga el cobro de comisiones para adjudicar servicios públicos a la empresa Fitonovo

Los dos directivos de Adif que la juez Mercedes Alaya envió a prisión por su implicación en la operación Enredadera, en la que se investiga el cobro de comisiones para adjudicar servicios públicos a la empresa Fitonovo, han salido de prisión tras pagar dos fianzas que suman 340.000 euros.

El exgerente de Adif en Sevilla Antonio Rodríguez Jurado ha pagado la fianza de 90.000 euros que le impuso la juez y el directivo de la empresa en Córdoba Enrique José Finch Ramos pagó 250.000 euros, según han confirmado fuentes judiciales.

La juez acusa a Rodríguez Jurado de los delitos de prevaricación, cohecho y asociación ilícita y considera que habría recibido más de 400.000 euros en "mordidas" entre 2002 y 2011, mientras que el directivo de Adif en Córdoba, por su parte, habría recibido un millón de euros en comisiones ilegales.

Tras la salida de prisión de ambos directivos, solo queda en la cárcel, relacionado con esta operación, el comercial de Fitonovo Juan Andrés Bruguera, para el que Alaya pidió una fianza de 180.000 euros y que ya declaró como imputado en diciembre de 2013 en la segunda fase de la operación Madeja, la antecesora de la Enredadera .

El exdirector de carreteras de la Diputación de Sevilla Carlos Podio, otro de los que la juez envió a prisión por esta operación, salió de la cárcel tras pagar los 100.000 euros de fianza que le impuso, dinero que reunió en doce horas.

Según la juez, la empresa Fitonovo centralizó una "red criminal jerarquizada" que concedió entre 1995 y 2013 dádivas en distintas administraciones públicas para lograr contratos.

Estos pagos "constituían práctica habitual de la empresa" y se hacían "de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados", a los que incluso emitían recibos con cargo a la caja B de la compañía, con sede en Sevilla, según la juez.