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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El Gobierno recurrirá la ley de consultas sin esperar a que Mas convoque el 9-N

El Gobierno recurrirá la ley de consultas sin esperar a que Mas convoque el 9-N

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, llama a la "reflexión" y recuerda que "todos estamos obligados a respetar la Constitución"

EFE

Viernes, 19 de septiembre 2014, 10:04

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha vuelto a llamar a la "reflexión" y al "respeto a las reglas democráticas" en referencia a la intención de la Generalitat de celebrar el referéndum soberanista el 9 de noviembre en Cataluña. "Las reglas son las que hemos querido que sean. Al respecto se ha pronunciado el Parlamento español en una amplísima mayoría, el TC por unanimidad... Todos estamos obligados a respetar la Constitución y las leyes", ha recordado la vicepresidenta.

El Gobierno ultima sus decisiones para recurrir el referéndum ante la inminente convocatoria del mismo después de que el Parlamento catalán haya aprobado hoy viernes la ley de consultas con la que se pretende dar amparo legal a esa iniciativa. El asunto ha estado presente en la reunión del Consejo de Ministros celebrada esta mañana, aunque la reunión ordinaria del Consejo no ha adoptado ninguna medida concreta porque la aprobación de la ley de consultas catalana no ha tenido lugar hasta por la tarde.

La intención del Gobierno es convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros este fin de semana o, a más tardar, el lunes, para aprobar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esa ley y otro contra el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N que debe firmar después el presidente de la Generalitat, Artur Mas. En concreto el recurso será presentado una vez la norma sea publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, sin esperar a que Mas convoque el referéndum.

El recurso del Gobierno

El primer paso del Gobierno para recurrir será que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, solicite un informe al Consejo de Estado, que está avisado de la posibilidad de que la petición le sea cursada durante el fin de semana. El Gobierno espera una rápida resolución del Consejo de Estado, que remitirá el informe a Montoro para que sea éste lo eleve a una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

El Gabinete decidirá la presentación del recurso a la ley de consultas y la petición deberá ser firmada por Rajoy y entregada a la Abogacía del Estado para que la presente en el registro del Tribunal Constitucional. En caso de que Mas firmara de forma inmediata el decreto, el Gobierno, tal y como ha venido avanzando semanas atrás, presentaría dos recursos, uno contra la ley de consultas y otro contra la convocatoria.

El recurso que presentará el Gobierno contra esta norma provocará su suspensión en cuanto sea admitida a trámite por el Tribunal Constitucional. Este tribunal tiene previsto celebrar la próxima semana un pleno que comenzará el martes, día en el que una de sus primeras decisiones, según han informado fuentes del tribunal, sería la suspensión de la consulta si este asunto ha entrado ya en el registro de la institución.

Orden del día

Durante el Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y la ley de procedimiento común, así como un manual de simplificación administrativa, un manual de duplicidades y una plataforma común del sector público bajo el nombre de "clave" para facilitar la identificación de los ciudadanos por vía electrónica.

Rajoy explicó que la reforma de la ley del régimen jurídico de las administraciones permitirá poner "orden y control" en agencias, empresas publicas, consorcios y demás organismos del entramado administrativo. Con esa reforma se van a implantar nuevas exigencias para justificar la creación de este tipo de organismos y se va a someter a cada uno a una supervisión y evaluación continua para saber si está cumpliendo o no con el fin asignado y si su existencia resulta necesaria.

En cuanto al manual de simplificación administrativa, Rajoy recalcó que se trata básicamente de que la administración se ponga en el lugar de los ciudadanos y revise sus procedimientos para que acudir a un organismo público deje ser "una peregrinación de ventanilla en ventanilla". Por su parte, el manual para la eliminación de duplicidades pretende eliminar las disfunciones existentes y prevenir otras nuevas mediante la planificación y la gestión conjuntas.

En cuanto a la administración electrónica, el Gobierno ha aprobado un sistema único que permitirá a los ciudadanos realizar trámites en la Seguridad Social, la Agencia Tributaria u otras dependencias sin tener que atender a protocolos distintos de identificación en cada organismo como sucede en la actualidad.

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