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El Supremo corrige a la Audiencia y asegura que España sí tiene competencia sobre los 'narcobarcos'

El Supremo corrige a la Audiencia y asegura que España sí tiene competencia sobre los 'narcobarcos'

  • La Audiencia Nacional ya ha liberado a medio centenar de detenidos tras la aprobación de la reforma de la Justicia Universal

El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo declara la competencia de España para investigar los llamados 'narcobarcos'. Por unanimidad de los 15 magistrados, el pleno revoca la decisión de archivar la causa que adopto la Audiencia Nacional al entender que España es competente en virtud del artículo 23.4 apartado d en los casos de abordaje de tráfico de drogas en el ámbito marino. Este apartado d reconoce la jurisdicción para apresar barcos en alta mar que lleven droga, siempre que los tratados internacionales otorguen competencia para el apresamiento. Los jueces han entendido que en este caso (y en todos los que están afectados por los mismos hechos) la jurisdicción viene otorgada por la Convención de Viena de 1988 y por los acuerdos del mar de Montego Bay de 1982.

La Audiencia Nacional ya ha liberado a medio centenar de detenidos tras la aprobación de la reforma de la Justicia Universal. Ahora, deberán volver a prisión.

La Audiencia Nacional no frenó las puestas en libertad a pesar de que la Fiscalía anunció el 8 de mayo al tribunal que presentaría un recurso de casación contra la decisión del Pleno del 28 de abril, que acordó la puesta en libertad de trece narcos egipcios, pero que en realidad fijó las bases jurídicas para las salidas de la cárcel de otros narcotraficantes en cascada.

La Fiscalía, a la que ahora ha dado la razón el Supremo, desde el inicio sostuvo que la interpretación que hacía la Audiencia Nacional sobre la reforma de la justicia universal era contraria a los tratados internacionales suscritos por España, en particular la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. Todos esos acuerdos, sostiene el Ministerio Público, obligan a las autoridades españolas a combatir por todos los medios el tráfico de estupefacientes por mar.

Además, Antidroga, en otro de sus recursos presentados ante la Audiencia Nacional, defendió que la «voluntad» real del legislador era poder perseguir estos delitos aunque no tuvieran conexión con España. Algo parecido a lo que pensaban los tres jueces discordantes con la mayoría del Pleno del tribunal de la calle Prim, que sostuvieron que una confusión gramatical a la hora de interpretar el apartado del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la jurisdicción universal, es la clave de todo este embrollo.