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Don Juan Carlos tras sancionar la ley que hace efectiva su abdicación
Una apuesta de futuro

Una apuesta de futuro

La proclamación de Felipe VI pone fin a cuatro décadas de reinado de Juan Carlos I, un tiempo en el que España ha sufrido una enorme transformación

ANTONIO PAPELL

Jueves, 19 de junio 2014, 00:37

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La proclamación del nuevo Rey, en un acto parlamentario de gran sobriedad, sin más liturgia que los escuetos símbolos de la realeza en el estrado -la corona y el cetro-, ha respondido a la realidad de los tiempos, austeros y pegados al realismo político. Se ha querido resaltar la dimensión militar del Rey -capitán general de los Ejércitos por imperativo constitucional-, que ha vestido de uniforme; probablemente, hubiera sido más pedagógico resaltar la dimensión civil de la Corona, pero esta opción no empaña la objetiva trascendencia del excelente discurso del joven Rey, que ha constituido una magnífica propuesta de la institución monárquica, que de nuevo, como en 1975, se sitúa al frente de la reforma y la reconstrucción nacional.

La medida declaración de intenciones de Felipe VI, preparada con esmero, es de una extraordinaria densidad y deberá ser desmenuzada en los próximos días, pero ya pueden subrayarse los principales elementos. En primer lugar, ha descrito la monarquía renovada para un tiempo nuevo como aquella que, además de cumplir el mandato constitucional, acopie autoridad moral buscando la cercanía de los ciudadanos, ganándose así el aprecio y el respeto de todos y manteniendo una ejecutoria íntegra, honesta y transparente. El Rey -ha dicho- no solo ha de ser referente de unos principios morales y éticos sino también servidor de esta exigencia.

En segundo lugar, ha ofrecido un proyecto de futuro creativo e innovador. Tras reconocerse heredero del gran éxito colectivo logrado por las generaciones precedentes, que nos permitió superar tragedias, silencio y oscuridad, ha propuesto mejorar el valioso patrimonio colectivo de libertades y derechos porque toda obra de gobierno es inacabada y admite mejoras y reformas. Y así, ha prometido su impulso para revitalizar las instituciones, reafirmar el interés general y fortalecer la cultura democrática, favoreciendo los acuerdos entre fuerzas políticas y haciendo de las preocupaciones de los ciudadanos el eje de la acción política, de forma que crezca la confianza de la sociedad civil en el sistema. No nos equivocábamos por tanto quienes suponíamos que la renovación generacional en la jefatura del Estado incluiría un impulso reformista e innovador, en cierto modo equivalente al que la Corona ejerció tras su instauración en 1975.

En tercer lugar, el nuevo Rey, que ha incluido en la fórmula de la jura el reconocimiento de los derechos de las comunidades autónomas, ha manifestado su fe en la unidad de España, que "no es uniformidad" y que debe reconocer las "tradiciones, culturas, lenguas e instituciones" de los diferentes territorios. En esta España, unida y diversa, "cabemos todos", porque -y esta observación es esencial- los sentimientos no deben enfrentar sino que han de ser comprendidos y respetados. Don Felipe ha hecho asimismo un elogio del concierto de las lenguas españolas, que forman un patrimonio común que merece especial respeto y protección.

Finalmente, el Monarca ha efectuado un canto al cambio y a la renovación que, renunciando al conformismo y a la resignación, sitúe a España en el siglo XXI, dé respuesta colectiva a los grandes retos, ofrezca una visión innovadora de nuestros intereses y origine una nueva etapa de progreso y modernización que habrá de tener efectos muy benéficos sobre la creación de empleo, la gran urgencia política del momento.

Don Felipe postula, en definitiva, "una Monarquía renovada para un tiempo nuevo" y se ofrece como catalizador del cambio, como motor de la reforma y la modernización, como impulsor de un nuevo ciclo que, sin minusvalorar lo conseguido en la etapa anterior -la más fecunda de nuestra historia-, renueve los fundamentos del sistema. La plasmación de estos criterios corresponde ahora a la clase política, a los partidos, a todos los creadores de la opinión pública, que deben intentar los diálogos y consensos precisos para superar las disfunciones actuales y abordar la nueva etapa con una reconstrucción de la convivencia territorial, una regeneración democrática y una revitalización de la política. La reforma constitucional está implícita tras todas estas sugerencias.

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