14.400 familias jienenses con personas dependientes a su cargo (según datos oficiales de la Junta de Andalucía) verán a partir de ahora mermada en un 15% la ayuda económica que reciben. La medida entró el día 1 de agosto en vigor en toda España, aprobada por el Gobierno Central, y por tanto se aplicará en las comunidades autónomas ya al pago correspondiente de este mes de agosto, que debe abonarse a primeros de septiembre. Así lo explicaron fuentes de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social a IDEAL.
En virtud de este recorte, quienes sufren un mayor grado de dependencia pasarán de recibir 520 euros mensuales a 442 (78 euros menos). Mientras, quienes disfrutan de una prestación de 300 euros perderán 45.
En estos momentos, unos 23.800 jienenses son beneficiarios de la Ley de Dependencia, lo que se traduce en unas 32.500 prestaciones (porque puede haber más de un tipo de ayuda por destinatario), de las que 14.400 son económicas (el resto son plazas en residencias, ayuda a domicilio...). La mayoría de las pagas son para cuidadores familiares no profesionales. La recepción de ese dinero solo es compatible con el servicio de teleasistencia.
Importes
La cuantía se establece en función del grado y nivel de dependencia reconocidos. El importe se determina aplicando un coeficiente de acuerdo a la capacidad económica de la persona en situación de dependencia. También se tiene en cuenta la dedicación horaria de los cuidados, si es completa, media o parcial. Así, las cuantías máximas establecidas para el año 2010 (solo ha subido el IPC) fueron 520,69 euros para el grado máximo; 416,98 euros para grandes dependientes de menor afectación; 337,25 euros para la severa; y 300,90 euros para los menos severos.
Mientras las familias que ya reciben la ayuda económica al cuidador verán reducidas las cuantías, quienes están todavía a la espera de beneficiarse de esta prestación se encontrarán con serias dificultades para acceder a ella. Para empezar, porque la reforma de la Ley aprobada a mediados de julio por el Gobierno central deja claro que esta ayuda monetaria será una excepción y se concederá «únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado» (centros de día o residencias).
Pero, además, cuando la Administración decida conceder la prestación tendrá dos años de tiempo para empezar a pagarla (ahora son seis meses y si se supera el plazo deben abonarse los retrasos con carácter retroactivo). «Bueno, a nosotros nos concedieron 285 euros al mes por mi madre, de 86 años, que lleva un marcapasos y se mueve con dificultad. Nos dijeron que los atrasos, por el tiempo transcurrido desde que nos concedieron la ayuda hasta que nos la empezaron a dar, nos los iban a abonar en cinco años. Pero la verdad es que solo nos hicieron un pago de las demoras y no hemos vuelvo a recibir nada más por ese concepto. La paga actualizada sí nos la abonan, pero los atrasos, no», explica Carmen Sánchez.
Muchos morirán
Si se tiene en cuenta que, según las estadísticas, el 54% de los dependientes tiene más de 80 años y su salud se deteriora rápidamente, puede deducirse que muchos de los que soliciten la ayuda terminarán falleciendo antes de recibirla.
El objetivo de parte de estas medidas, defiende el Gobierno de Mariano Rajoy, es incentivar los servicios y evitar que se abuse de las ayudas económicas, que en Jaén suponen el 44,3% del conjunto de prestaciones, si se tiene en cuenta que también existen asistencia a domicilio, centros de día, teleasistencia (la única compatible con recibir una paga) y residencias. De todos los beneficiarios (23.800), el 44,3% de ellos (14.400) recibe alguna ayuda económica. «El dinero que se ahorre con la reducción en la paga al cuidador se invertirá en servicios», han explicado miembros del equipo de Ana Mato, ministra de Sanidad.
Pero la reforma está recogida en el Real Decreto «de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria» publicado en el BOE el 14 de julio, con lo que el propio Ejecutivo deja clara su finalidad última. Asimismo, el Gobierno del PP estableció el año pasado una moratoria en las ayudas a los dependientes más leves (grado moderado). Según fuese su nivel (1 o 2) empezarían a recibir por primera vez las prestaciones en 2013 o 2014. Ahora, esa moratoria se amplía a 2015. La medida afectará en Jaén a 5.900 personas que se han quedado a las puertas, según datos oficiales de marzo.
Además, se obliga a los que reciben asistencia a pagar más por los servicios prestados y se reduce la ayuda a domicilio de 90 a 60 horas al mes. En total, según los cálculos que hacen desde la sección de Salud, Servicios Sanitarios y Dependencia de la FSP de UGT, en un año se podrán perder entre 400 y 500 puestos de trabajo en Jaén.
«Repulsa»
Por su parte, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía) ha manifestado ya su «indignación» y «repulsa» ante la «despreocupación» que muestra el Gobierno central hacia sus personas con los recortes sociales que está llevando a cabo y que, a su juicio, «hacen inviable el Sistema del Bienestar». Para Cermi Andalucía, estos ajustes afectan especialmente a la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y para la que el Gobierno, desde el mes de enero de 2007 hasta la actualidad, «no se ha preocupado de buscar su sostenibilidad a través de mecanismos como la Seguridad Social, el IRPF, el IVA o impuestos indirectos».
En referencia a otro aspecto, el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, José Alberto Echevarría, señaló ayer que el impago de las administraciones a geriátricos y residencias para personas dependientes que se ha anunciado en Cataluña pero que ya se ha producido en Castilla La Mancha, Andalucía y Valencia, pone en peligro al menos 300.000 puestos de trabajo y la atención a más de 800.000 personas dependientes en el país. En declaraciones a Europa Press, Echevarría ha rebatido el argumento de las comunidades autónomas de que no hay dinero pues, a su juicio, sí lo hay. «Dicen que no tienen liquidez. Dejas coches oficiales, dejas de hacer infraestructuras, pero atiendes a lo que te has comprometido por ley, además en un sector que es capaz de reducir el déficit público», apuntó, al tiempo que recordó que por cada euro que se invierte en el sector de la Dependencia, las administraciones retornan los 1,20 euros.
