Falta de financiación, trámites administrativos y, de nuevo, la investigación en torno a los ERE que desarrolla la juez Alaya. Los sindicatos y afectados por el cierre de Santana y su parque de proveedores se han topado de frente con un nuevo revés para poder continuar con el desarrollo de los acuerdos del Plan Linares Futuro sobre la prejubilación de más de 700 personas toda vez que la Junta de Andalucía ha priorizado las actuaciones a desarrollar en el marco de dicha investigación.
La nueva postura de la Junta, dada a conocer ayer por los sindicatos en la asamblea de trabajadores celebrada ayer en Linares, responde a la petición de la juez Mercedes Alaya, que investiga los ERE, de obtener información sobre todas las ayudas otorgadas entre 2010 y 2012, las modificaciones presupuestarias de la Consejería de Empleo desde 2000 a 2011 y ha ordenado investigar las cooperativas que dirige el ex director general de Trabajo imputado Juan Márquez.
Una decisión que no es compartida por los ex santaneros del actual proceso pues, recuerdan, se ha seguido con «extremo cumplimiento» la nueva orden para los procesos de prejubilación que ha supuesto «unos trámites administrativos interminables que han ralentizado el proceso». «La Junta trasladó en la comisión de seguimiento que Intervención está centrada en este proceso y ha paralizado las nuevas prejubilaciones ante una información que afecta a más de 6.000 personas, entre ellos los compañeros del 2001. No hay movimiento posible y rechazamos totalmente esta postura», señaló durante la asamblea Pedro Gálvez, representante de CC OO dentro del parque automovilístico.
De este modo se han mantenido paralizadas las pólizas individuales para los ex trabajadores de Arpa, que se anunciaban hace dos semanas, así como la entrada en Intervención de nuevas empresas como es el caso de Ditecsa, priorizada por los sindicatos por «las situaciones de urgencia de muchos de los afectados». Sin embargo, en la tarde de ayer la Junta autorizó el pago de rentas a los más de 70 trabajadores de la empresa Elevadores Casarrubio (Arpa), por valor de cerca de cuatro millones de euros, según indicaban fuentes cercanas a la negociación.
Una vez se desbloquee Arpa y se inicie el pago de las pólizas, se espera que el proceso continúe con Prosegur, Mecacontrol e Iturri, con un total de 11 personas a la espera de prejubilarse, propuesta por la Administración. «Realmente no hay avances y creemos que los criterios para agilizar estas empresas y no otras como Ditecsa o Fasur. Es una propaganda de cara a la sociedad. Lo que es necesario es que cumplan con los acuerdos, que asuman sus responsabilidades o dimitan», lamentaban ayer los representantes en el parque de UGT y CC OO, así como el presidente de la asociación que representa a los prejubilados de 2001, '28 de febrero', Francisco Serrano.
Protestas en Sevilla
Unas perspectivas poco halagüeñas de cara a poder agilizar los procesos durante los próximos meses que no sólo provocó el pasado martes el encierro de la comisión de la mesa de seguimiento del plan en la Consejería de Empleo, sino que ayer se manifestó en una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Linares por cerca de 600 afectados que, hoy se trasladan a Sevilla para apoyar a los representantes sindicales y el alcalde de Linares en su encierro. Como condición para abandonar esta protesta indefinida, los sindicalistas han puesto dos cuestiones «imprescindibles»: la formalización de las pólizas individuales en Arpa -para las que ayer se libraba el dinero- así como la solución para los prejubilados de 2001 y los de Matresur después de que la aseguradora Generali anunciase que no cobrarán la póliza de seguro de rentas de julio hasta que la Administración autonómica abone «los pagos que le adeuda desde el pasado año 2004».
