Una amplia representación de trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Torreperogil (más de 70 de los casi 90 que componen la plantilla, acompañados por gran número de representantes sindicales así como el parlamentario andaluz Juan Serrano) se concentraban en la mañana del pasado martes ante el Consistorio perogilense en señal de protesta por la polémica decisión que, desde la campaña electoral de las municipales del 2011, el PSOE anunció en su programa, y que ha devenido en la ejecución de un plan de ajuste municipal en todos los sentidos (económico, de personal y de control en la ejecución de servicios), que se ha concretado finalmente también en la plantilla de trabajadores al servicio del Consistorio perogilense con 11 puestos de trabajo menos para el futuro.
La decisión del equipo de Gobierno, que no ha contado con el beneplácito de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento (Partido Popular, Agrupación de Electores de Torreperogil e Izquierda Unida), ni de los sindicatos representados en la Mesa de Negociación (UGT, en tono irónico, aconsejaba a sus militantes que se separaran de sus respectivos cónyuges para conservar su puesto de trabajo, en alusión a una de las valoraciones que la dirección política del Ayuntamiento ha tenido para mantener personal en plantilla), en principio iba a ser más drástica aún pues se llegó a hablar de hasta 19 trabajadores a despedir.
Los representantes del Comité de Empresa han manifestado que, desde el momento en que el equipo de Gobierno se ha cerrado a cualquier negociación, el acuerdo para paralizar estos despidos ha sido nulo por lo que a partir de ahora se irán produciendo distintas medidas de presión para intentar cambiar la decisión que, no obstante, ven difícil al tener el PSOE mayoría absoluta en el Ayuntamiento.
Criterios sociales
El concejal de Personal y Hacienda del Consistorio, José Ruiz Villar, siempre ha manifestado que, desde el gobierno municipal, se ha valorado mucho la situación de todos los trabajadores del Ayuntamiento, pero la cruda realidad económica heredada y el hecho de que casi todos los puestos de trabajo con los que la primera empresa del municipio se fue dotando durante estos últimos 8 años se hicieron «en fraude de ley, nos obliga a tomar esta decisión tan traumática, pero necesaria».
