Unos aspectos que deberían ser meramente técnicos, nada polémicos y, supuestamente, fáciles de resolver, han hecho surgir un nuevo enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Úbeda y han dado lugar a una serie de críticas, réplicas y contrarréplicas que, de momento, no han desembocado en algo útil a pie de calle. Y es que, como suele ocurrir casi siempre en este tipo de situaciones, entre las maniobras políticas y el fuego cruzado de acusaciones hay un grupo de ciudadanos que son los verdaderamente perjudicados al entrar involuntariamente en un juego que ni entienden ni les interesa.
En este caso, se trata de cuatro familias ubetenses, adjudicatarias de otras tantas viviendas de protección oficial (VPO) habilitadas en una antigua casa gótica de la calle Beltrán de la Cueva. Vayamos por partes.
Primer capítulo
En primer término, y tras recibir varios toques de atención de los afectados al no poder acceder a los pisos, el Consistorio denunció que las viviendas estaban terminadas pero que no podía dar licencia de primera ocupación porque la Delegación de Obras Públicas no había cumplido una serie de requerimientos, necesarios y obligatorios. Entre otras muchas cosas, se hablaba de un informe arqueológico y del desconocimiento del paradero de una serie de vigas y maderas policromadas.
Segundo capítulo
Ante esto, en segundo término, el delegado de Obras Públicas, Rafael Valdivielso, movió ayer ficha y convocó a los adjudicatarios en el edificio. Y mientras les abría las viviendas para que las vieran terminadas por primera vez, les decía que esas mismas llaves que acababa de utilizar no se las podía entregar porque el Ayuntamiento no hacía los deberes. Concretamente, declaró que toda la documentación, incluido el informe arqueológico, está entregada desde el 4 de octubre y que el equipo de gobierno ha hecho caso omiso de ella o la ha perdido. Y además, mostró las vigas y maderas policromadas supuestamente desaparecidas: unas se han conservado en el techo del portal del bloque y el resto se han inventariado y almacenado en una caseta existente en el patio.
Tercero, de momento
Llegó entonces la tercera parte de esta historia, que aún podría dar para varios capítulos más. Y es que, minutos más tarde de la visita de Valdivielso, el concejal de Urbanismo, José Manuel Gómez Cobo, compareció en rueda de prensa para reiterar que falta documentación para adjuntar al expediente lo cual impide otorgar la licencia de ocupación.
Además, dijo que esto es algo que acordaron los técnicos de ambas administraciones en una reunión que mantuvieron hace un par de meses y en la que hubo buen clima y entendimiento, aunque no debieron quedar muy claras las cosas cuando, según subrayó, la Delegación de Obras Públicas no ha cumplido con lo que se le dijo y aceptó. Más exactamente, habló de unos reformados y condicionantes técnicos arqueológicos que no han llegado a Urbanismo.
«Yo también estaría muy enfadado si una administración me estuviera toreando, aunque en este caso no es el Ayuntamiento», manifestó Gómez Cobo al ser preguntado por el soberano cabreo de las familias afectadas. Y ni corto ni perezoso, minutos después de mostrarse dispuesto a dar las explicaciones pertinentes a los adjudicatarios, decidió pasar de las palabras a los hechos, los llamó y se reunió con ellos, exponiendo sus argumentos sobre por qué la pelota está en el tejado de la Junta.
Y tras una mañana tan ajetreada, los propietarios de estas viviendas protegidas se marcharon sin tener muy claro dónde les decía la verdad, indignados aunque sin saber a ciencia cierta sobre quién volcar tal indignación y, en algunos casos, haciendo cuentas porque la cosa está muy mala y pronto tendrán que volver a pagar otro mes de alquiler de una vivienda que habitan desde hace más tiempo del que tenían previsto, a la espera de tener su propio piso en la calle Beltrán de la Cueva.
Y seguramente, entre números y sueños hogareños, a alguno le dio por pensar si realmente es tan difícil conseguir que un concejal y un delegado se sienten en la misma mesa o, simplemente, se llamen por teléfono, para hacer lo que un día se les encomendó: gestionar y resolver los problemas de los ciudadanos.
