La empresa orujera situada en el entorno minero de la Tortilla en Linares cuenta desde hace una semana con un decreto de cierre por parte de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la ciudad. La medida, que se ha visto reforzada con otras investigaciones por parte de la Guardia Civil, se ha desarrollado tras detectarse la falta de las licencias oportunas para poder ejercer esta actividad.
De esta forma, según explica el concejal de Medio Ambiente, Joaquín Gómez Mena, se da cierre a una actividad que en los últimos años ha provocado numerosas quejas y denuncias por parte de la ciudadanía o colectivos de carácter medioambiental. Así, después de que hace seis meses se les requiriera la documentación que acreditase la legalidad de la actividad, el Ayuntamiento ha procedido al cierre tras no presentarse las licencias oportunas.
«Existían diversas denuncias ante el Consistorio, pero también la Guardia Civil había iniciado los trámites, y no se ha presentado la documentación demandada. Además, se da la circunstancia de que esta instalación se encuentra instalada en una vía pecuaria por lo que para poder funcionar, debía reponer los terrenos a Medio Ambiente, de cara a poder desviar la vía», explica el concejal delegado de Ordenación Territorial y Medio Ambiente.
La orujera, que fue trasladada desde la zona que actualmente se conoce como Pueblo Olivo hasta la Tortilla a finales de la década de los 80, coincidiendo con el desarrollo urbanístico de esta zona de la ciudad, ha solicitado, sin embargo, un periodo de once meses para poder cerrar de forma definitiva. La causa, según ha trasladado el abogado de la empresa a los técnicos municipales, es la necesidad de procesas todo el orujo que se acumula en las balsas de sus instalaciones. Una solicitud que será evaluada por parte de un técnico de la Consejería de Medio Ambiente a petición del Ayuntamiento de Linares, para poder agilizar el proceso al máximo.
Con el cierre de esta instalación, Medio Ambiente espera poder solventar el problema de los malos olores que llegaban desde la orujera al casco urbano de la ciudad, debido a los vientos dominantes en la zona, así como a los posibles vertidos contaminantes que se habían registrado con anterioridad. En concreto, en 2006 se detecto que las balsas, situadas sobre la vía pecuaria, no estaban bien impermeabilizadas, lo que provocó fugas que fueron a parar al arroyo que pasa por La Tortilla y que desemboca en el río Guadalimar.
Entonces, la Patrulla Verde levantó acta a por «la detección de fugas y la invasión de vías pecuarias», remitiéndose tanto a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como a la Confederación Hidrográfica, entidades con «competencias para sancionar ante la presencia de vertidos contaminantes».
