El salón del hotel Amaragua de Torremolinos estaba tan atestado que muchos de los asistentes tuvieron que permanecer de pie. Tal era la expectación que había levantado la visita del nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente a Málaga, para participar en un foro organizado por el PP. Ante más de 400 empresarios de playas de Málaga y del resto de provincias costeras de Andalucía, Federico Ramos de Armas mostró el compromiso del Gobierno con el futuro de los chiringuitos. Para ello, se comprometió a pactar con los empresarios una reforma rápida de la Ley de Costas, que permita, entre otras cuestiones, garantizar jurídicamente el desarrollo de su actividad; prolongar el periodo de las concesiones y una mayor flexibilidad en cuanto a las dimensiones y las ubicaciones de los establecimientos.
Durante su comparecencia, Ramos de Armas se esforzó en recalcar que es posible compatibilizar las empresas con el medio ambiente, puesto que, a su juicio, los negocios son los primeros interesados en que las playas estén en las mejores condiciones, al ser su modo de vida. Al tiempo, argumentó que «una situación sin resolver», en alusión a la alegalidad en la que se encuentran muchos de los negocios, «no beneficia a nadie ni protege el medio ambiente», sino que «solo genera inseguridad jurídica».
Por ello, en primer lugar defendió la necesidad de revisar ya los plazos de las concesiones, para dar seguridad a las inversiones que llevan a cabo para acondicionar sus negocios. Al tiempo, abogó por uniformar los deslindes, mediante la desafectación de aquellas zonas que hayan perdido su valor medioambiental.
Aspectos que mejorar
Entre los aspectos que se abordarán en próximas reuniones con los representantes de la patronal, el responsable de Medio Ambiente mencionó los escollos existentes respecto de las ubicaciones; los plazos para las gestiones administrativas; la rigidez en cuanto a las distancias entre unos y otros -«que en ocasiones no tienen sentido»- y la necesidad de estabilizar las playas frente a los temporales. «Ahora, se trata de generar un texto que dé seguridad y garantice la conservación de la costa», sentenció. Aún hizo otro guiño a los concesionarios en relación a las multas. En este punto, afirmó que el Ejecutivo central prefiere avanzar en la colaboración «antes de llegar a mecanismos sancionadores».
Por parte de los empresarios, Norberto del Castillo, presidente de la patronal andaluza de playas (Faeplayas) confió en que, después de años de promesas y cambios, esta vez se alcance la solución definitiva: «Parece que el Gobierno está por hacer los pequeños retoques para hacer convivir medio ambiente y turismo», dijo, y advirtió de que «ya no hay mucho más margen de tiempo y no se puede esperar». En este sentido, mostró su decepción por los resultados que está teniendo el traspaso de las competencias a la Junta de Andalucía, que, a su juicio, ha fallado porque se ha hecho una transferencia del trabajo, pero no de los recursos económicos necesarios para acometerlo.
