Propietarios de fincas aledañas a la A-32 en La Loma se reunieron ayer en Villacarrillo para constituir una asociación de afectados por expropiaciones de la autovía que reclame al Estado el pago de los 40.000 olivos talados con motivo de las obras, dos de cuyos tramos están oficialmente paralizados por los últimos recortes y otro 'indultado' in extremis.
«Se han cortado más de 40.000 olivos en una de las zonas de mayor y mejor producción de España, que valen entre 600 y mil euros por oliva, suspendiéndose posteriormente la ejecución de la obra sine die. En cuanto a los afectados, su situación es caótica: en la Demarcación de Obras Públicas (del Ministerio de Fomento) de Granada para Andalucía Oriental se desconoce si se va a hacer pago alguno por los olivos cortados, y cuándo se va a hacer, habiéndose suspendido todo tipo de negociación para llegar al mutuo acuerdo, tal y como prescribe la Ley de Expropiación Forzosa», dice el abogado Manuel Carmona, de un despacho granadino especialista en expropiaciones.
«La situación es lamentable pues a determinados afectados les ha desaparecido su medio de vida desconociendo cuánto ni cuándo les van a pagar. Al suspender las obras se han dejado inutilizados sistemas de riego así como multitud de accesos a fincas en lamentable estado, lo cual ya provoca cuantiosos daños, y cuando se produzcan las primeras lluvias estos serán irreversibles», añade el letrado. La mayoría sólo ha cobrado un depósito «ridículo y desfasado» al basarse en el valor catastral escriturado.
Caso de formarse la asociación, Carmona aboga por la necesidad de tomar «medidas drásticas». La reunión se celebró en la cooperativa Cristo de la Veracruz y contó con la participación de unas 250 personas. Hay unos 800 expropiados.
En la cola
El parlamentario socialista Sebastián Quirós ha explicado que, según las informaciones recabadas en Fomento, «el Ministerio no va a dejar a nadie sin cobrar lo que le corresponda. Lo que ocurre es que actualmente el volumen de obra pública en España es grande, y hay otros expedientes de expropiación por delante para los pagos. El hecho de que vayan a rescindir dos de los contratos de obra no añade nada especial. Cobrarán lo que les corresponde».
Tampoco cree Quirós que si el pago no es inmediato se perjudique a los afectados. «Si no se paga a los seis meses, según la ley, la administración debe pagarles con intereses de demora». El diputado ha alertado también de la presencia junto a los afectados de «cazarrecompensas» que pueden estar interesados en recursos, reclamaciones y disputas con la administración que generen un papeleo por el que ellos «lógicamente cobrarían si son ellos los que lo coordinan».
Un despacho de Valencia ya presentó un recurso por un defecto de forma al expropiar. «Sin este retraso tal vez se hubieran librado del recorte», dice Quirós.
