Señor que solicita la baja en una compañía de teléfonos. Señor que no lo consigue a la primera, a la segunda ni a la tercera. Señor que, con enfado mayúsculo, ordena al banco que no le cobren más recibos. Señor que es incluido en una lista de morosos. Es el ejemplo 'de libro' que suele ocasionar reclamaciones, que muchas veces terminan en fuertes sanciones, ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). ¿El motivo? Que nadie está facultado para proporcionar las referencias de un abonado que supuestamente no ha pagado si éste no reconoce previamente la deuda -amén de otra serie de requisitos que se suelen 'olvidar' con relativa frecuencia-.
La cuestión es que por conflictos como éste, pero también por otros muchos como la difusión de información sensible a través de internet o la videovigilancia, el número de denuncias gestionadas por la AEPD en la provincia se está incrementando de forma exponencial. No hay más que echar un vistazo a las memorias anuales que elabora esta institución para comprobarlo. En 2007 se registraron 12, en 2008 la cifra bajó hasta 4, pero es que en 2009 se contabilizaron 37. Es decir, estamos hablando de un incremento del 825 por ciento en términos relativos. Algo, evidentemente, está pasando.
Y lo que está ocurriendo, a juicio de Tomás Galera, experto del Grupo DTM Consulting, una de las asesorías de referencia en la comunidad autónoma andaluza sobre esta materia, es que «el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la información está propiciando un mayor número de canales por los que se pueden 'escapar' datos que siempre, sin excepción, deben estar a buen recaudo y requieren de la autorización expresa del interesado para su transferencia o divulgación». A juicio de Galera, «a este factor habría que agregar otro tanto o más importante, la expansión comercial y la necesidad de captar nuevos clientes de una forma rápida y directa».
«También es cierto -añade- que existe una mayor sensibilidad hacia este tipo de temas, algo que ha sido posible gracias a campañas como la realizada por la AEPD, que ha hecho que muchos negocios se tomen este asunto muy en serio ante la posibilidad de que, en caso de incurrir en alguna ilegalidad, tener que afrontar multas que pueden oscilar entre los 600 y los 60.000 euros si son leves y entre los 300 y los 600.000 euros sin son muy graves -las 'graves' van de los 60.000 a los 300.000 euros-.
«Nosotros trabajamos con las empresas, a las que orientamos en la implantación de sistemas para la correcta manipulación de los ficheros y también ayudamos con los expedientes, realizando las reclamaciones que se consideren oportunas», dice Galera.
