En su expediente judicial constan seis robos con violencia en apenas un mes, desde que cumplió los 14 años. La sexta vez que la Policía lo presentó a la Fiscalía de Menores, el juzgado decretó su internamiento en un centro. Pero las fuentes policiales consultadas aseguran que el chaval llevaba mucho tiempo riéndose de la Justicia, exprimiendo la Ley del Menor para cometer delitos a su antojo. «Un día sí y otro también. Hay más de cien atestados que reflejan hechos delictivos en los que ha estado implicado mientras tenía doce y trece años. Como no tenía edad para imputarle responsabilidad penal alguna sólo podíamos llevárselo a sus padres», aseguran en el Cuerpo.
El secretario general del Sindicato Unificado de Policía, SUP, en Andalucía, Manuel Espino, presentó ayer en Jaén un informe técnico en el que su sindicato (al que está afiliada más del 50% de la plantilla en la comunidad) pide que se reforme la Ley del Menor en detalles que permitirían resolver más delitos cometidos por menores y atajar incipientes carreras delictivas. Entre las medidas propuestas están bajar la edad de inicio de la responsabilidad penal desde los 14 a los 13 años.
Precoces
«Estamos viendo que cada día comienzan antes a delinquir. Por el fracaso escolar y otras circunstancias se incorporan al mundo de la delincuencia. Si tuviesen responsabilidad con 13 años conseguiríamos poder actuar antes y tal vez que sólo cometiesen un hecho delictivo», ha dicho Espino. El sindicato realizó su informe a petición de los padres de Marta del Castillo. «Un éxito policial, pero con la frustración de que no se encuentra el cuerpo», comentó sobre el caso.
A juicio del SUP, la ley debe suprimir el derecho del menor a entrevistarse con un abogado antes de prestar declaración en Comisaría, como ocurre con los mayores de edad. «La primera declaración es la más espontánea, fundamental para la investigación», dice el sindicato policial.
Los policías piden también más tiempo. Con un menor sólo tienen 24 horas desde que lo detienen hasta que lo ponen en manos de la Fiscalía. «Es muy poco para investigar y cotejar sus versiones», dice Espino. Esta prórroga sólo sería necesaria en casos graves, apunta.
Una vez puesto el menor a disposición judicial, los investigadores de la Policía Nacional se encuentran con otra dificultad: la Justicia continúa las pesquisas por su cuenta, encarga informes, pide peritaciones y valoraciones de expertos y practica más diligencias. A las comisarías no llega ni uno de esos documentos (aparte de los que los afectan directamente). El SUP reclama que se envíe copia de todos los informes a los instructores de los atestados, ya que también pueden aportar luz a las gestiones que está realizando la Policía.
Reparaciones
Según las conclusiones a la que ha llegado el SUP, también deben modificarse las disposiciones relativas a la responsabilidad civil del menor y de sus familiares. La ley dice que si los padres no tienen responsabilidad en los hechos cometidos se les atenúa su responsabilidad. Según el SUP, ésto va en detrimento de las víctimas, «que no tienen culpa ninguna y tienen derecho a todas las reparaciones por los daños que hayan recibido». Manuel Espino se pregunta «por qué el Estado no se hace cargo como responsable civil subsidiario, para que se cumpla el derecho de la víctima a verse resarcida».
A pesar de que el debate sobre la reforma de Ley del Menor está sujeto a una intensa polémica en el ámbito de la política, los responsables del SUP indican que sus propuestas son «puramente profesionales» y que irían en beneficio de la protección de los derechos de las víctimas e incluso de los menores infractores.
El pasado mes de febrero, el teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de Jaén Francisco Javier Almiñana, ya lamentó que hay «menores que son inducidos y de los que se aprovechan personas mayores, que los usan para que cuando sean detenidos queden en la impunidad».
