Cinco años después de que venciera el plazo para la urbanización del residencial Huertos de San Roque, una veintena de familias residentes en esta zona se verán las caras con la promotora en los juzgados para exigirles que se finalicen las obras en sus parcelas.
Nueves meses después de que se iniciaran los contactos con la promotora para llegar a un acuerdo, los demandantes esperan el apoyo de la Justicia ante una situación que califican de «insostenible y perjudicial para la salud de los vecinos». En la actualidad el residencial carece de servicios básicos como agua potable -ya que la que reciben por la red de abastecimiento está contaminada con plomo-, una depuradora de aguas residuales, alumbrado público o servicio de recogida de basuras.
En 2006, un año después de la fecha prevista para el fin de las obras de urbanización de unas parcelas vendidas «como suelo urbano con todos los servicios», los vecinos solicitaron ante el Ayuntamiento que se instará de manera oficial a la promotora la recepción de las parcelas afectadas. Una «inactividad» por parte del Consistorio linarense que motivó la presentación de una demanda contencioso-administrativa.
Un recurso cuya sentencia reconoció la falta de actuación por parte del Ayuntamiento de Linares, a la vez que se establecía un plazo de 12 meses para que los afectados recibieran los servicios básicos. «De este modo, tras finalizar la urbanización de la zona por parte de la promotora 'Comunidad Huertos de San Roque', el Consistorio linarense deberá prestar servicios básicos», explica Yolanda Lorente, abogada y demandante.
«Las parcelas comenzaron a construirse en 1991, al margen de la normativa urbanística pero con el compromiso municipal «del desarrollo urbanístico de la zona». «Parte de las obras fueron recepcionadas pero los demandantes llevan esperando que se termine sus calles desde 2005, y hasta ahora se siguen intentando llegar a un acuerdo con la promotora», comenta Yolanda Lorente, abogada y demandante.
Sin embargo, lo que parecía que podía ser el primer paso para solucionar el problema de estas familias, no ha tenido hasta ahora ningún tipo de respuesta ni por parte de la Concejalía de Urbanismo ni de la promotora, a excepción de la retirada del cartel en el que se anunciaba la venta de parcelas en suelo urbanizable. «Llevamos meses esperando algún tipo movimiento de la promotora que, pese a que los vecinos estaban dispuestos a rechazar las indemnizaciones por daños y perjuicios con el objetivo de que se finalizará la urbanización cuanto antes, se mantiene en la idea de recepcionar las obras sin acabar, incluso pretende que se pague la comunidad. Y mientras tanto el Ayuntamiento no se comunica con nosotros», sostienen los afectados, que esperan un buen resultado en el juicio que se celebrará el próximo 17 de febrero.
Insalubridad
Los afectados calculan en miles de euros los gastos que la falta de servicios básicos les ha generado a lo largo de estos años debido a la necesidad de utilizar alternadores o desplazarse para comprar agua potable, «y todo ello pese a pagar los impuestos correspondientes».
Un problema que va más allá del desembolso económico, como explica la abogada de los afectados, pues el problema reside en los daños de salud que puede generar el consumo del agua que reciben en sus domicilios. «Lo que les entra de vez en cuando a los 20 afectados y sus familias por los grifos de sus viviendas y parcelas es agua solo apta para riego y además contaminada no solo con bacterias coliformes (heces diluidas) sino además con altos niveles de plomo», comenta Lorente, quien señala que también se ha producido la muerte de varios animales domésticos al electrocutados por acercarse a algunas de las farolas de alumbrado público que existen en la urbanización.
