Vista de la sala. / Nelson Jr. (Efe)
El llamado "juicio del siglo" en Brasil ha comenzado con tres exministros y otros 35 políticos y empresarios en el banquillo de los acusados por los escándalos de corrupción que en 2005 tuvieron en jaque al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La primera audiencia del caso, que se refiere a una supuesta red de sobornos en el Parlamento y de financiación ilegal de campañas políticas, ha estado marcada por la primera derrota de la defensa, que ha fracasado en un intento de separar el proceso en 38 juicios distintos.
Apenas iniciada la sesión, el abogado Marcio Thomaz Bastos, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Lula y defiende a algunos de los acusados, solicitó que cada uno de los reos fuera juzgado de forma individual y no en grupo, como se propone el Tribunal Supremo. Bastos argumentó que el Supremo es un foro privilegiado ante el que deberían responder solamente aquellos acusados que actualmente ostentan cargos públicos y que el resto tendría que ser juzgado por tribunales inferiores.
Esa petición, que podría haber desmembrado todo el proceso, dio origen a un fuerte debate entre los once magistrados del Supremo, que durante casi cuatro horas deliberaron sobre su procedencia. El juez instructor, Joaquim Barbosa, desestimó de plano la tesis de la defensa y afirmó que el asunto ya había sido "discutido y decidido cuatro veces" en los últimos seis años. Sin embargo, el magistrado Ricardo Lewandowski, quien actúa como revisor del caso, se pronunció en favor de Bastos, lo cual irritó a Barbosa, quien consideró una "deslealtad" la posición de su colega.
Finalmente, por nueve votos contra dos, los magistrados ratificaron el criterio mantenido hasta ahora y rechazaron el pedido de Bastos, que solamente habría dejado bajo la órbita del Supremo a los actuales diputados Joao Paulo Cunha, Pedro Henry y Valdemar Costa Neto y remitido a los 35 procesados restantes a otros tribunales.
Los acusados
Entre los acusados hay miembros del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y la actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y de otras formaciones de la actual coalición de Gobierno. Estas son el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido Progresista (PP), el Partido Laborista Brasileño (PTB) y el Partido de la República (PR), nacido en 2006 tras la desaparición del Partido Liberal (PL), uno de los más implicados en la trama.
Entre los procesados también aparecen tres exdirectivos del Banco Rural (privado) y otro del Banco do Brasil (público), tres operadores del mercado financiero, un exfuncionario del Ministerio del Trabajo y ocho empresarios del ramo de la publicidad.
Salvado el primer obstáculo planteado por la defensa, el juez Barbosa, en su calidad de instructor, comenzó la lectura de cargos contra los 38 acusados, que van desde corrupción activa y pasiva, hasta malversación, lavado de dinero, asociación ilícita, evasión de divisas y gestión fraudulenta.
El trámite, que incluye además un pormenorizado relato del caso, debía haber dado lugar a un pronunciamiento del procurador general, Roberto Gurgel, quien actúa como parte acusadora, pero por el tiempo dedicado a analizar el pedido de Bastos postergó ese paso para la segunda sesión, que se realizará mañana. Luego, el proceso seguirá con la presentación de los alegatos de los abogados de defensa.
El primero que expondrá su descargo será el abogado defensor de José Dirceu, quien fue ministro de la Presidencia y "hombre fuerte" del Gobierno de Lula y ha sido señalado por la acusación como "jefe de la banda".
Lula, quien no fue implicado en la trama pese a que estaría entre los beneficiados si se comprueban las acusaciones, ha participado hoy en un acto público en Sao Paulo y ha sido consultado por periodistas sobre la situación de sus antiguos compañeros. El expresidente, sin embargo, se ha excusado de hacer comentarios y ha declarado que ni siquiera pretende seguir el desarrollo del juicio, porque tiene, según ha dicho, "cosas más importantes que hacer".
El Supremo calcula que el proceso demandará por lo menos quince sesiones hasta llegar al momento de la sentencia, que se prevé para mediados de septiembre próximo.
