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Un juzgado de Sevilla prohíbe a cinco familiares de Ruth Ortiz acercarse o comunicarse con un hermano de José Bretón

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Un juzgado de Sevilla prohíbe a cinco familiares de Ruth Ortiz acercarse o comunicarse con un hermano de José Bretón

La medida es consecuencia de las protestas que la familia ha llevado a cabo frente a su casa

03.07.12 - 07:51 -
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Un juzgado de Sevilla prohíbe a cinco familiares de Ruth Ortiz acercarse o comunicarse con un hermano de José Bretón
José María Sánchez de Puerta, abogado de José Bretón. / Salas (Efe)
Un juzgado de Sevilla ha dictado una orden por la que prohíbe a cinco familiares de Ruth Ortiz, madre de los hermanos desaparecidos en Córdoba, acercarse o comunicar con Rafael Bretón, residente en Tomares (Sevilla), y hermano del padre de los pequeños que cumple prisión provisional. El abogado de Rafael Bretón, Simón Fernández Rebollo, ha informado hoy de que la medida del juez de instrucción 5 de Sevilla, José María Méndez, es consecuencia de las protestas que la familia de Ruth Ortiz ha llevado a cabo frente a la casa de su cliente en Tomares (Sevilla).
Tanto en dichas protestas como en otras desarrolladas en Córdoba, los allegados a la madre reprochan a la familia Bretón no estar dando toda la información que poseen sobre Ruth y José, los pequeños desaparecidos en octubre pasado en Córdoba tras pasar el día con su padre. La orden de alejamiento se refiere a Rafael Bretón y sus hijos, a los que cinco miembros de la familia de Ruth Ortiz no podrán acercarse ni a su domicilio, lugar de trabajo o lugar que frecuenten, así como comunicar con ellos por cualquier medio mientras dure la tramitación judicial de la causa.
Rafael y su hermana han declarado como testigos ante el juez que investiga la desaparición de los pequeños pero no han sido imputados de ningún delito. La orden se ha dictado contra cinco familiares de Ruth Ortiz que fueron identificados por la Guardia Civil en las concentraciones que realizaron ante la vivienda de los Bretón en Tomares. Fernández Rebollo llegó a presentar una queja ante la subdelegación del Gobierno en Sevilla por la pasividad de la Guardia Civil ante las denuncias presentadas y por el hecho de que una de las concentraciones contaba con autorización oficial, pese a las denuncias acumuladas contra los convocantes
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