El alcalde de San Fernando (Cádiz), Manuel María Bernardo (c), junto al presidente del Senado, Javier Rojo (d), y el vicepresidente segundo de la Cámara Alta, Juan José Lucas (c), durante el acto de presentación de la ceremonia de conmemoración del Bicentenario de las Cortes de Cádiz de 1810 que se celebrará el próximo 24 de septiembre en San Fernando (Cádiz). / Efe
Cruce de declaraciones
Almuerzo para acercar posturas
Sigue sin haber acuerdo en el Senado para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Después de tres años con la tarea pendiente, los plazos se ha acortado sensiblemente porque los grupos del Senado han acordado dar una semana al PP para que presente sus candidatos al TC y que la comisión de Nombramientos, que se ha aplazado hasta el próximo miércoles, haga una propuesta al pleno aunque no cuente con el respaldo del principal grupo de la Cámara.
La decisión se ha adoptado en la reunión de la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, en la que, según ha explicado la portavoz del PSOE, Carmela Silva, todos los grupos salvo el PP han manifestado que están en disposición de proponer cuatro nombres de entre los 22 propuestos por las autonomías para cubrir las vacantes del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado. "Hemos acordado que en esa comisión de Nombramientos se cierra esa etapa", ha aseverado Silva quien ha hecho hincapié en que ese es el "acuerdo pleno" de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, cuyo portavoz, Pío García Escudero, ha dicho que dará su respuesta a la comisión, según la portavoz socialista.
El próximo miércoles la comisión de Nombramientos hará una propuesta, con o sin el acuerdo del PP, con los nombres de cuatro magistrados de entre los 22 propuestos por las autonomías o abrirá un plazo para que sean los grupos parlamentarios los que designen nuevos candidatos.
Silva ha pedido al secretario general de la Cámara Alta, Manuel Cavero, que aclarara a la Junta de Portavoces si los parlamentos autonómicos pueden volver a presentar candidatos, después de que el Senado rechazara a Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial y uno de los dos nombres propuestos por el PP. Según ha explicado Silva, el responsable de los servicios jurídicos del Senado ha dejado claro que, en esta etapa del proceso, sólo compete a los grupos parlamentarios proponer nuevos candidatos y los parlamentos autonómicos no pueden volver a intervenir.
El secretario general ha explicado así "verbalmente" el informe que elaboraron antes del verano los servicios jurídicos para que "constara en acta" que "no hay ninguna posibilidad de que las comunidades autónomas puedan hacer nuevas propuestas". "Habrá una propuesta, una decisión que permita o elevar cuatro nombres al pleno o abrir el siguiente procedimiento, que es que los grupos políticos puedan proponer nombres para cubrir las vacantes que queden. Esa es la decisión que hemos tomado", ha aseverado Silva.
Tres años de bloqueo
La portavoz del PSOE ha confiado en que el PP "sea responsable y, por una vez, ponga las instituciones del Estado por encima de sus intereses partidarios" y le ha instado a "dejar de contradecir y de incumplir los mandatos de la Constitución". "Hace tres años casi tenía que haber sido renovado el TC, no podemos seguir haciéndole este daño a una institución tan relevante del estado de derecho", ha indicado Silva quien ha hecho hincapié en que el resto de grupos han demostrado "responsabilidad y mucha generosidad" porque su objetivo es desbloquear la renovación.
En los últimos días, el PSOE ha apremiado al PP para que presente un nuevo candidato que sustituya a López, mientras que este grupo instaba a los socialistas a cumplir la modificación del Reglamento que impulsaron y que permite participar a las autonomías en la renovación del TC. De ahí la decisión de Silva de pedir al secretario general del Senado que explicara a la Junta de Portavoces, para que constara en acta, que las comunidades no pueden volver a proponer candidatos.
La renovación del Tribunal Constitucional lleva pendiente desde diciembre de 2007 y fue reactivada en el Senado a raíz de la comparecencia del presidente catalán, José Montilla, que pretendía así desbloquear una sentencia del Estatuto que todavía no se había acordado. El escollo para el necesario acuerdo entre el PSOE y el PP ha sido el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López, propuesto por cinco comunidades -Madrid, La Rioja, Extremadura, Cantabria y Castilla y León- y que los socialistas vetaban. Su candidatura fue rechazada por los servicios jurídicos de la Cámara Alta por no cumplir con el requisito de quince años de ejercicio en el cargo.
Descartado López, veinte de los 22 candidatos propuestos por las autonomías comparecieron el pasado 15 de julio ante la Comisión de Nombramientos del Senado, que los consideró idóneos para acceder al cargo. De entre todos ellos, los grupos deberán escoger cuatro nombres el próximo miércoles, para que la comisión de Nombramientos los eleve al pleno o, si no hay acuerdo, abrir un nuevo plazo en este largo proceso de renovación del TC.
