Medidas de un protocolo de hace doce años para Los Puentes aún no se han ejecutado

Una máquina trabaja en la limpieza del cauce del río, a la altura del Puente la Sierra. /José M. Liébana
Una máquina trabaja en la limpieza del cauce del río, a la altura del Puente la Sierra. / José M. Liébana

Mañana se reunirán todos los actores en la Subdelegación del Gobierno, en una reunión que debía de haberse celebrado el pasado miércoles, pero que por cuestiones personales de uno de los asistentes hubo que retrasarla hasta esa fecha

Lorena Cádiz
LORENA CÁDIZJAÉN

«Es de máximo interés para los ciudadanos de los términos municipales por donde discurren los ríos Frío o Eliche, Quiebrajano, Jaén y Guadalbullón, la ejecución de obras de infraestructuras necesarias para paliar los problemas de inundaciones endémicas en las zonas de 'Los Puentes', de manera que esta actuación permita abordar con decisión la ordenación del territorio y posterior legalización de una importante cantidad de viviendas, cumpliendo así una voluntad clara y un anhelo de los vecinos».

La frase es textual y está recogida en el protocolo que se firmó en julio de 2006 entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno Central, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jaén y los colectivos vecinales afectados.

En ese protocolo se da detalle de qué es lo que se debe hacer para acabar con esos problemas endémicos, pero lo cierto es que doce años después ni se ha hecho las obras ni se han regularizado las viviendas. Poco se ha avanzado, más allá de la vía administrativa. Tal es así que los vecinos incluso se han planteado la opción de recurrir a los tribunales, tras recibir asesoramiento legal para confirmar que ese protocolo sigue completamente vigente.

Al final, y por agilidad, aunque parezca paradójico, siguen apostando por la vía del diálogo y mañana martes, a las 11 de la mañana se reunirán todos los actores en la Subdelegación del Gobierno, en una reunión que debía de haberse celebrado el pasado miércoles, pero que por cuestiones personales de uno de los asistentes hubo que retrasarla hasta esa fecha. Será la primera vez que se reúnan desde 2015, a pesar de que el protocolo establece que debe de celebrarse una comisión de seguimiento cada año.

Las lluvias fueron intensas este invierno y lo siguen siendo esta primavera, pero aún así, podría decirse que los vecinos de los puentes han estado relativamente tranquilos. En el mes de marzo, durante un temporal, se pidió a los vecinos que desalojasen sus casas como medida preventiva, aunque sin que existiera un riesgo inminente de desbordamiento. Más allá de eso, las tormentas han provocado algún que otro susto, en algunas zonas concretas.

Los vecinos apuntan directamente a la limpieza de los ríos que la CHG ejecutó en septiembre de 2017. «Solo con la limpieza se ha conseguido que no se desbordaran los ríos durante el invierno. Si se hiciera todo lo que está prometido y firmado, la situación cambiaría considerablemente», asegura el presidente de la Unidad de Gestión Vecinal (creada por los vecinos de las zonas afectadas), Alberto Castro.

«Renunciamos a la presa de laminación del río Eliche por la controversia que se generó y porque los técnicos nos aseguraron que con trabajos de encauzamiento en los ríos se conseguiría solucionar el problema igual», recuerda Castro, que asegura que nada se ha avanzado en el encauzamiento, que es precisamente lo que reclaman, además de medidas correctoras y la construcción de escolleras en distintos puntos.

Y la clave, según los vecinos, es que esos trabajos están directamente relacionados con la legalización de un mayor número de viviendas, que es el otro gran tema que se debatirá en la reunión del martes.

Legal o ilegal

No hace ni tres meses que la subdelegada del Gobierno, Francisca Molina, confirmaba que son 111 las construcciones, en su mayoría viviendas, las que no podrán legalizarse bajo ningún concepto en los Puentes. Y es que esas viviendas están dentro del dominio público hidráulico. «Lo que es del río es del río y, además, eso ni se puede cambiar ni se puede alterar ni modificar, porque ahí está la legislación y contra eso no podemos luchar», dijo entonces la subdelegada.

La cifra no es nueva. Ya la ofreció la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en octubre de 2016, dos años después de que se presentara, con gran despliegue y en el salón principal de la Subdelegación del Gobierno, los mapas de riesgo y peligrosidad de inundaciones que llevaban años elaborándose. Entonces se habló de mil viviendas por debajo de la línea de inundabilidad. Los residentes pusieron el grito en el cielo. El Ayuntamiento y la CHG calmaron los ánimos en una macro reunión en el Teatro Darymelia: muchas de esas viviendas podían legalizarse con el compromiso de sus propietarios de adoptar medidas de seguridad, que en los casos extremos pasaban por demoler parte menor de la edificación. Con ello, en 2016 se redujo la cifra a 111, sin posibilidad alguna de «indulto» puesto que estas edificaciones están dentro del cauce, en lo que se denomina dominio público hidráulico.

No obstante, a los afectados les siguió pareciendo mucho y presionaron para rebajar esa cifra. La situación, como reconoció la subdelegada, «no es cómoda para nadie». De hecho, distintos responsables institucionales han alentado durante años la esperanza de reducir al mínimo las demoliciones. La propia Molina indicó en septiembre de 2017 que la cifra de viviendas afectadas se estaba «afinando».

Es recurrente que desde la oposición, el PSOE exija al alcalde, Javier Márquez (PP), que de explicaciones a los vecinos de Los Puentes ante el «retraso» en la presentación del mapa de riesgo, que impide iniciar el proceso de regularización de las viviendas que no tienen problemas. El gobierno municipal ha contestado en más de una ocasión que el alcalde «está permanentemente encima de la CHG para que cuanto antes se presente el mapa». Pero en febrero, la Subdelegación del Gobierno sorprendía a propios y extraños y contestaba que el Ayuntamiento ya puede legalizar las viviendas pues los mapas llevan varios años y de 111 no se puede bajar sin cometer una ilegalidad, puesto que esas construcciones «invaden la propiedad del río» y no se pueden legalizar, por lo que finalmente deben ser derribadas.

La subdelegada dijo más. Que la situación de los Puentes «se ha dilatado ya mucho en el tiempo», hasta el punto de que han pasado varios gobiernos, municipales y nacionales, sin que hayan dado una solución. «Yo no le voy a reprochar nada a nadie, pero hemos considerado que es el momento de solventar una situación que ya se ha dilatado en el tiempo y que no es cómoda para nadie, especialmente para los propietarios», dijo Molina entonces.

Consultas en la oficina

Según dijo entonces Molina, los positivo es que otras 1.800 construcciones «están en zona de flujo preferente (del río) y que con algunas modificaciones son legalizables». Para ello, ofreció la oficina técnica de información a disposición de los vecinos de estas zonas residenciales, para que sepan en qué situación están sus propiedades, los trámites que tienen que hacer o qué medidas adoptar para poder legalizarlas.

Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir confirman que la oficina sigue en marcha y que dos técnicos atienden cualquier duda de cualquier vecino todos los lunes y martes, aunque reconocen que son pocos los vecinos que hasta la fecha han pasado por allí.

«Los vecinos no van porque la situación no les queda clara», dice el presidente de la Unidad de Gestión Vecinal. El problema es que la subdelegada considera que no son regularizables las que se encuentran en Dominio Público Hidráulico. Pero al margen de eso está el «flujo preferente», en el que se tiene en cuenta el retorno de los últimos 100 años (primero se habló de 500 años y después se redujo). Esas son las viviendas que, según Molina, se pueden legalizar con una serie de medidas y trámites. «Pero los vecinos van a la oficina, les dicen donde tienen su vivienda y si están en la zona de flujo preferente, los técnicos de la CHG les dicen que no se pueden legalizar».

Es decir, que de ser así, la cifra de viviendas ilegales entre una zona y otra, rondaría las dos mil.

Aún así, Castro se muestra optimista y considera que si se llevan a cabo todas las obras firmadas en el protocolo, se puede reducir considerablemente esa zona de flujo preferente, y entonces sí, alcanzar la cifra de 111 viviendas de la que habla el Gobierno.

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