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Material incautado por la Guardia Civil en los registros de la operación Cloróil. IDEAL
Fiscalía pide tres años de cárcel por el último gran fraude aceitero

Fiscalía pide tres años de cárcel por el último gran fraude aceitero

El principal acusado es Enrique F.I., ya condenado por la estafa de Iniosa y por otro fraude descubierto en la Operación Lucerna

Juan Esteban Poveda

Jaén

Sábado, 26 de agosto 2017, 00:02

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Enrique F.I. ingresó en mayo de 2016 en la cárcel de Córdoba para cumplir condena por uno de los mayores escándalos aceiteros del siglo, el caso Iniosa: una estafa del año 2002. A los pocos días de estar en la cárcel fueron a buscarlo allí agentes de la Guardia Civil de Jaén para detenerlo por el que hasta ahora es el último gran escándalo del mundo del aceite: la Operación Cloróil, donde se intenta esclarecer si en una planta de gestión de residuos de Mengíbar intentó mezclar aceite de oliva con grasa de girasol y palma, junto a aromatizantes y aditivos, para obtener un mejunje no apto para el consumo humano que pretendía vender ocultando su auténtico origen, según la acusación del Fiscal. El Ministerio Público lo considera autor de un delito de estafa en grado de tentativa y de otro de falsedad documental, por el que le pide tres años y cinco meses de cárcel.

Junto a Enrique F.I. se sentarán en el banquillo su hijo, Enrique F.P., y Leonardo M.R., Daniel G.M. y Luis María R.P., a los que solo se acusa de intento de estafa y para los que se reclama una condena de cinco meses de cárcel.

Todos los acusados se han declarado inocentes a lo largo de la instrucción del procedimiento, según las fuentes consultadas.

El Fiscal explica en su acusación que Enrique F.I. y su hijo eran titulares de varias sociedades dedicadas al sector del aceite, y que una de ellas tenía su sede en una planta industrial en Mengíbar. Esta empresa, Proagra, «es una planta de gestión de residuos y está exclusivamente destinada a tratamiento de residuos industriales, careciendo de autorización para tratar aceites que puedan destinarse al consumo humano», dice el Ministerio Público tras su investigación. Sin embargo, dice la acusación, padre e hijo «usaron las instalaciones» de Mengíbar «para fabricar un aceite obtenido de semillas, usando entre otros productos aceite de girasol, aceite de palma junto a aditivos y aromatizantes adquiridos ex profeso para la citada planta. Los acusados pretendían mezclarlo con aceite de oliva y venderlo omitiendo el origen espúreo del mismo y ocultando que en dicho aceite de oliva había aceite de semillas».

En Mancha Real

Leonardo M.R. era técnico de laboratorio en esa empresa. Los otros acusados , representante legal y gerente de otra empresa aceitera de Mancha Real, «eran perfectos conocedores del aceite elaborado en Mengíbar por los acusados y presentándose a facilitar el fraude recepcionaron en citado aceite para mezclarlo con aceite de oliva, envasarlo y distribuirlo». Ellos tenían envasadora y marcas para llevar esta mezcla hasta los comercios.

El Fiscal acusa a Enrique F.I. de dar órdenes para que se confeccionasen cartas de porte con datos ficticios para ocultar que la grasa procedía de una planta de gestión de residuos. Los investigadores de la Guardia Civil detectaron al menos tres de estos portes simulados. La pista de la mezcla de semillas llega hasta los depósitos de la empresa de Mancha Real. Sin embargo, no hay constancia de que el producto finalmente elaborado entre semillas y aceite de oliva llevase al consumidor, ya que el 5 de mayo de 2016 la Guardia Civil desmanteló la operación. Se intervinieron elementos usados para la «adulteración», como carbón activo, aroma natural de ajo y tomillo, clorofila manganésica y aceite de palma, girasol y aguacate.

No se cree que la mezcla de girasol, palma y aguacate con oliva sea peligrosa

«El aceite intervenido es un aceite inseguro, poco deseable para el consumo humano pero no a un nivel que suponga una amenaza para la salud pública», concluye el Fiscal.

Enrique F.I. acumula además de la condena por el caso Iniosa otras por fraude fiscal. Una de ellas, por la Operación Lucerna, ya estuvo centrada en el tema de las mezclas de aceite.

Fuentes penitenciarias señalan que si no hay motivos de salud de por medio, Enrique F.I. deberá cumplir condena durante más de una década y no tendría derecho a permisos penitenciarios hasta 2020. Sin embargo estos plazos aún pueden ir a más, pues todavía tiene pendiente el juicio por la Operación Cloróil.

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