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El alcalde de Marmolejo elude su responsabilidad y la dirige al alcalde fallecido

El alcalde de Marmolejo elude su responsabilidad y la dirige al alcalde fallecido

"Yo no participé en ningún momento en la toma de decisiones", ha indicado Lozano en su declaración judicial

EUROPA PRESS

JAÉN

Miércoles, 22 de noviembre 2017, 16:36

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El alcalde Marmolejo (Jaén), Manuel Lozano (PSOE), ha defendido su inocencia en el conocido como caso 'Tanatorio' y ha derivado toda la responsabilidad hacia el que era alcalde en el año 2005, el ya fallecido Cristóbal Relaño (PSOE). Por su parte, el aparejador municipal A.L.F., también acusado de prevaricación igual que el alcalde, ha optado de igual forma por apuntar a Relaño como la persona responsable de todos y cada uno de los pasos que se dieron urbanísticamente para abrir un tanatorio en el municipio.

"Yo no participé en ningún momento en la toma de decisiones", ha indicado Lozano en su declaración judicial, al tiempo que ha señalado que era Relaño el que "personalmente llevaba todos los detalles". Asimismo, ha indicado que él no firmó ninguna licencia y de hecho, tal y como ha esgrimido la defensa, la acusación no ha podido presentarlas físicamente, ni la de obra ni la de apertura, ya que aunque aparecen registradas en el libro de resoluciones de la Concejalía correspondiente, nunca llegaron a encontrarse físicamente para aportarlas a la denuncia.

Lozano ha señalado que sus firmas solo fueron dirigidas a admisiones a trámite y que fue el pleno del Ayuntamiento el que por unanimidad dio el visto bueno a los pasos que se estaban dando. Asimismo, ha señalado que desconocía que el proyecto de actuación hubiera sido rechazado por la Junta de Andalucía por no cumplir con la normativa urbanística.

Al alcalde de Marmolejo se le acusa de un delito de prevaricación en la tramitación de una licencia en 2005 cuando el primer edil era concejal de Urbanismo. Por este mismo delito le ha acompañado en el banquillo el aparejador municipal, que también se ha defendido dirigiendo la responsabilidad al anterior alcalde ya fallecido.

"El alcalde me lo pidió personalmente", ha indicado el aparejador y ha recordado que fue Relaño el que asumió el tema como propio e hizo todas las gestiones al respecto ya que en el municipio había una "presión enorme" por parte de la ciudadanía para poner en marcha esta infraestructura. Ha señalado que puso reparos al proyecto de actuación y a la licencia de obra, pero que finalmente dio su visto bueno porque el pleno lo había autorizado.

Este funcionario fue el mismo que además se encargó de forma privada de la ejecución de las obras por parte de la mercantil promotora del tanatorio y lo hizo, según ha declarado, porque no tenía incompatibilidad y no había nada que se lo impidiera.

El representante legal de la empresa del tanatorio, que ha declarado como testigo, también se ha movido en esta misma línea y ha señalado que todos los trámites y conversaciones las mantuvo personalmente con el alcalde y no con el concejal de Urbanismo, Manuel Lozano.

En concreto, los cargos de los que se les hace responsable por parte del Ministerio Fiscal y de la acusación particular son por la licencia concedida al tanatorio promovido por la empresa PMC Servicios SL, que según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional, se otorgó al margen de la legalidad y a pesar de las advertencias realizadas desde la Junta de Andalucía.

El Ministerio Público, al igual que la acusación particular, pide la inhabilitación durante ocho años de Lozano por conceder las licencias que permitieron la construcción y puesta en marcha del tanatorio al margen de la legalidad y obviando advertencias de la Junta de Andalucía. El escrito de la Fiscalía pide también ocho años de inhabilitación para el que fuera arquitecto técnico del proyecto.

Tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal han sostenido que aunque "se quiere echar la culpa al muerto" porque "es lo más fácil" lo cierto es que tanto el aparejador como el concejal eran "pleno conocedores" de que estaban actuando "al margen de la legalidad" ya que, tal y como señaló la Junta en su informe, la parcela no cumplía con el tamaño requerido y además era suelo no urbanizable.

La acusación particular, que también pide una multa de 6.000 euros para los dos acusados así como la condena en costas, ha apuntado que entre 2005 y 2006 "emitieron informes, licencias y resoluciones sabiendo de su ilegalidad". Asimismo, ha señalado que aunque el tanatorio se legalizó posteriormente esto "no exime" de la responsabilidad que se puede derivar por las actuaciones cometidas años antes cuando se construyó y se puso en marcha sabiendo que incumplía la normativa.

Desde la defensa se ha pedido la libre absolución de los dos acusados por entender que el aparejador sólo informó favorablemente de la licencia de apertura puesto que el pleno había dado luz verde tanto al proyecto de actuación como a la licencia de obra. En el caso de Lozano ha señalado que se limitó a permitir la tramitación del proyecto de actuación puesto que él "no otorgó licencia sino que lo hizo el pleno por unanimidad".

La defensa ha recordado que la denuncia la interpuso el PP e IU cuando llegaron al gobierno local tras las elecciones municipales de 2011 por lo que se hizo con una "clara intencionalidad" de desgaste político ya que estos grupos "votaron a favor del proyecto en el pleno". También ha sostenido que en un proceso penal la acusación debería haber presentado como pruebas las licencias que supuestamente se otorgaron y que no han aparecido en el Ayuntamiento más allá de una anotación de las mismas en un libro de resoluciones.

FUTURO POLÍTICO

El juicio ha quedado visto para sentencia. El fallo determinará el futuro en las filas socialistas del actual alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano. Tras conocer la apertura de juicio oral, Lozano envió en noviembre del pasado año a la dirección regional y federal del PSOE un escrito pidiendo que no se le aplicara el código ético de su formación .

Precisamente el código ético del PSOE establece literalmente que "cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido".

FCJ/LHM

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