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Soledad Becerril entregando ayer el sobre a Ana Pastor.
El bolsillo duele a los jienenses

El bolsillo duele a los jienenses

Los expedientes relacionados con la actividad económica y la banca centran las denuncias a la Defensora del Pueblo

Miguel Ángel Contreras

Miércoles, 1 de marzo 2017, 00:48

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El bolsillo sigue siendo lo que más duele a los jienenses. Así se deduce al menos del Informe Anual de la institución, que entregó ayer en el Congreso la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. El número de quejas al Defensor del Pueblo estatal procedentes de Andalucía apenas varió el año pasado en relación con el anterior, al registrarse en 2016 un total de 2.165 frente a las 2.173 de 2015. En el caso de Jaén, encabezan las quejas aquellas relacionadas con la actividad económica, siendo 30 de un total de 115 (cuando son varias de un mismo tema se engloban los expedientes). Con este guarismo la provincia se sitúa como la tercera con más expedientes por esta causa, solo superada en Andalucía por Sevilla y Málaga, con mucha más población. Entre las protestas están las dificultades de ciudadanos para acceder a créditos o préstamos necesarios para hacer frente a sus obligaciones financieras que acuden a empresas no financieras de capital privado, la no devolución de cantidades entregadas a cuenta por vivienda no construida, las hipotecas y las 'célebres' cláusulas suelo, entre otros.

Oposiciones y 'enchufados'

Le siguen los relacionados con la función pública, 16, que apelan al acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Así se señalan el incumplimiento de los plazos de la convocatoria, las limitaciones de acceso o el desarrollo en sí de los procesos selectivos.

La Educación fue destinataria de 11 expedientes; la Administración de Justicia de 8; y la Seguridad Social de 7. Los expedientes en migraciones fueron 5, al igual que asuntos de Interior o impuestos.

Servicios públicos y esenciales fueron 4, como Urbanismo. Medio Ambiente, Sanidad y Política social contaron con 3 expedientes cada uno, dos en igualdad de trato y uno en cultura y otros ámbitos.

Por provincias, el mayor número procedió de Sevilla, con 524; seguida de Cádiz, con 379; Málaga, 369; Granada, con 276 y Córdoba, de donde procedían 211 quejas tramitadas. Otras 173 llegaron de Almería, 114 de Jaén y 119, de Huelva. Entre los expedientes tramitados por el Defensor del Pueblo y que fueron apoyados por un número «significativo» de ciudadanos hay uno relacionado con la Educación en Andalucía, según destaca la institución, ya que 45 integrantes de la bolsa de maestros en la Administración educativa andaluza expusieron la situación de la bolsa de empleo de maestros en comunidad, con la previsión de un escaso número de vacantes para su cobertura, que cifraban en la mitad del año anterior.

En el conjunto del país el Defensor del Pueblo recibió el año pasado un total de 16.485 escritos de queja de los ciudadanos, un 7,5 por ciento menos que en 2015, atendió 39 solicitudes de recurso de inconstitucionalidad --ocho de ellas procedentes de Andalucía--, inició 872 actuaciones de oficio y formuló 708 recomendaciones y 807 sugerencias de las que el grueso fueron aceptadas. Por área temática, el grupo más amplio de quejas fue sobre la Administración de Justicia, con 1.649; seguida del área de Migraciones, con 1.069; los asuntos relativos a empleo público, 1.067; de empleo y seguridad social, 1.054 y de Interior, 1.050.

28 días para responder

El 56,26 por ciento de estas quejas ciudadanas fueron admitidas, frente a un 36,12 de inadmitidos y un 7,62 por ciento que quedaron en estudio al cierre del informe. De los admitidos, eran el 16,39% los que se habían concluido terminado el año. Fruto de estas reclamaciones, el Defensor del Pueblo formuló 1.771 sugerencias y recomendaciones de las que 619 fueron aceptadas, 140 resultaron rechazadas, 444 estaban sin contestar al cierre del informe y 312 aún en trámite, según el resumen estadístico de la institución. Además, recibió 39 solicitudes de ciudadanos que pedían al Defensor que presentase un recurso de inconstitucionalidad contra distintas normas, como la Ley del Voluntariado o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero la institución no cursó ninguna. Tampoco tramitó por no considerarlo oportuno, ninguna de las 19 solicitudes de petición de amparo al Constitucional que se le plantearon.

Los datos reflejan que el tiempo medio de respuesta en el primer contacto con el ciudadano para la admisión, no admisión o solicitud de más datos sobre su queja se situaron en 28 días (29 en 2015) y el plazo de resolución medio fue de 48 días (47 un año antes). Mientras, la Administración General del Estado tardó de media 70 días en contestar al Defensor del Pueblo y los ayuntamientos se explayaron hasta 105 días de promedio. De hecho, no todas las administraciones colaboran, aunque es su obligación, con la alta institución. En 2016 fueron tildadas de «entorpecedoras» once corporaciones municipales de distintos puntos de España cuyos casos han sido trasladados a la Fiscalía General del Estado.

En Andalucía hay tres de esas instituciones, los ayuntamientos de Macael (Almería), Molvízar (Granada) y Nerja (Málaga). Las situaciones de necesidad y exclusión social siguen siendo los motivos de queja más numerosos en materia de política social, con un 29,71 por ciento, aunque descienden esas denuncias respecto a las presentadas en 2015, que alcanzaron el 52 % de las reclamaciones en ese ámbito. Destacan las de dependencia que solicitaban un grado de revisión tras sufrir una operación o empeoramiento.

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