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La Audiencia de Jaén absuelve del delito de falsedad al secretario de La Guardia

Fue el propio secretario en el que durante su declaración en el juicio atribuyó a "una lamentable confusión" el que introdujera en el acta de un pleno una propuesta y el consiguiente acuerdo

EUROPA PRESS

Miércoles, 17 de febrero 2016, 15:04

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La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha absuelto del delito de falsedad documental al secretario del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, Á.J.C.R., al que el Ministerio Fiscal le acusaba de introducir en el acta de un pleno una propuesta y el consiguiente acuerdo sobre la misma sin que se hubiese producido en la sesión plenaria.

La sentencia, a la que ha accedido Europa Press, recoge como hecho probado que "no consta acreditado su intención de faltar a la verdad" cuando el secretario redactó el acta del pleno e incluyó dicho acuerdo inexistente.

Fue el propio secretario del Ayuntamiento de La Guardia (Jaén), Á.J.C.R., en el que durante su declaración en el juicio atribuyó a "una lamentable confusión" el que introdujera en el acta de un pleno una propuesta y el consiguiente acuerdo.

El tribunal tiene en cuenta para su absolución los testimonios de los funcionarios del Ayuntamiento que coincidieron en que "el error del acta no tuvo efectividad alguna" porque no perjudicó ni al Ayuntamiento, ni a terceros ni benefició a la empresa sobre la que versaba dicho acuerdo inexistente.

Los hechos juzgados y sentenciados se remontan al 27 de febrero del año 2009 cuando los nueve ediles de la corporación municipal celebraron una reunión plenaria y uno de los asuntos del orden del día era debatir sobre la concesión de una licencia de actividad para una estación depuradora de aguas residuales en la urbanización Altos del Puente Nuevo. Ese permiso había sido anulado y la promotora había recurrido la decisión. En esa sesión, la corporación confirmó la nulidad de la licencia.

El secretario consignó en el acta un punto que, según reflejó, había sido propuesto por el alcalde y aprobado por los concejales.

Dicho punto incluía la suspensión de la nulidad de la licencia "por razones de interés general, fundamentadas en la garantía de la prestación de un servicio fundamental a los vecinos residentes en esa urbanización hasta tanto se busque una solución satisfactoria con respecto al emplazamiento de la depuradora".

Á.J.C.R. declaró en el juicio que se dejó llevar por conversaciones anteriores en las que se había abordado esta propuesta que nunca fue a pleno ya que la nulidad de la licencia podría llevar al Ayuntamiento a una reclamción patrimonial por parte de los promotores de la depuradora de 400 millones de euros. Esto sumado a su defensa del interés general le llevó, según ha declarado, a recogerlo en el acta del pleno sin ser consciente de que no se había debatido en el pleno.

Fue un año después de la aprobación del acta manipulada cuando un concejal de Urbanizaciones Unidas de La Guardia, Luis Salazar, pidió el expediente administrativo por el proceso abierto por la licencia de la depuradora en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3. Fue entonces cuando se dio cuenta que el acta incluía un acuerdo que no se había adoptado en pleno.

Tras repasar el audio del pleno, el secretario hizo una rectificación que se llevó a pleno rectificando nuevamente el acta que se remitió al juzgado de lo Contencioso Administrativo para sus oportunos efectos en la causa impulsada por la promotora.

Por estos hechos, la Fiscalía le reclamaba cuatro años de prisión y tres de inhabilitación, además del pago de una multa de 5.040 euros, mientras que la acusación particular reclamaba seis años de prisión.

El abogado defensor, José Manuel Urquiza, en declaraciones a Europa Press, ha considerado que la sentencia es "justa" y está "perfectamente desarrollada y documentada".

"La sentencia demuestra, como sosteníamos, que no había dolo y que la equivocación del secretario fue inocua ya que no ocasionó perturbación del tráfico jurídico ni perjudicó a terceras personas", ha dicho Urquiza.

Ha añadido que la sentencia pone punto y final "al calvario" por el que ha atravesado "este funcionario público" que se ha visto inmerso "en el fuego cruzado de las pugnas políticas".

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