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Fundación Secretariado Gitano pide evitar "la persecución a familias gitanas"

"Este tipo de actuaciones no está justificada. Corresponde a la policía y a la justicia actuar con contundencia ante cualquier ataque violento", dicen desde la asociación

europa press

Miércoles, 27 de agosto 2014, 15:14

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La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha solicitado a las autoridades públicas evitar "la persecución a familias gitanas en Castellar" tras los incidentes ocurridos recientemente en esta localidad jienense, al tiempo que ha recalcado que "corresponde a la policía y a la justicia actuar con contundencia ante cualquier ataque violento".

Así lo ha indicado este miércoles en un comunicado, en el que ha afirmado que el día 19 tuvo lugar "una riña vecinal" que se saldó con daños materiales y varias personas imputadas. "A esos hechos le siguieron manifestaciones vecinales no autorizadas, convocadas a través de teléfonos móviles y redes sociales, pidiendo que varias familias gitanas se marcharan del pueblo, al considerarlas problemáticas", ha añadido.

Según ha continuado la fundación, las familias "abandonaron sus viviendas y posteriormente una de ellas regresó", a lo que ha sumado que "la vivienda de una familia gitana fue incendiada y algunos de los miembros se sintieron acosados por los vecinos".

Por ello, ante estos "hechos que siguen las mismas pautas que otros recientes ocurridos en Estepa (Sevilla) con culpabilización y generalizaciones a toda la comunidad gitana, manifestaciones vecinales convocadas a través de redes sociales para obligarles a abandonar el pueblo e incendios en sus viviendas, ha reclamado "que sean las autoridades públicas las que actúen y que se evite que los vecinos ataquen o persigan a familias gitanas o quemen sus viviendas".

"Este tipo de actuaciones no está justificada. Corresponde a la policía y a la justicia actuar con contundencia ante cualquier ataque violento", ha asegurado para agregar que esta clase de actos "podrían ser constitutivos de delitos de odio racial étnico", ya que, "según una reciente directiva europea, las circunstancias indican que se identifica a las víctimas de estos ataques o linchamientos por su pertenencia étnica".

Además, ha expresado su "preocupación por la persecución a la comunidad gitana en su conjunto y por asociar a toda la comunidad con conductas que alteran la convivencia". Al respecto, ha destacado que en un estado de derecho "la responsabilidad es individual y deben ser la justicia y las fuerzas de seguridad las que actúen contra individuos concretos ante situaciones que alteren el orden social".

Junto a ello, ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación "para que eviten mencionar la etnia en este tipo de sucesos, ya que con ello se contribuye a estigmatizar y criminalizar al conjunto de la comunidad". La fundación, asimismo, ha enviado "un escrito de queja al Defensor del Pueblo Andaluz y cartas a la Delegación del Gobierno en Sevilla y una carta al alcalde de Castellar", Gabriel González.

Mientras tanto, el suceso que ha dado lugar a esta situación se abordó este martes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Villacarrillo, donde se plantearon diligencias urgentes y tuvo lugar finalmente un juicio rápido y se dictó sentencia, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera probado que los seis acusados se dirigieron sobre las 21,00 horas del 19 de agosto al domicilio de un vecino "comenzando a causar destrozos en la vivienda y en tres vehículos" por valor de "8.229,85 euros". Además, agredieron y "causaron lesiones" al propietario de la vivienda y a su hija "precisando ambos primera asistencia tardando en curar dos días no impeditivos", así como a la esposa del hombre, aunque "sin llegar a causarle lesión".

La juez entiende que son constitutivos de un delito de daños, de dos faltas de lesiones y una falta de maltrato, según recoge 'Diario Jaén' este miércoles. Por el primero, impone a cada uno de los seis hombres una multa de 1.440 euros, mientras que por cada una de las tres faltas 20 días de multa con una cuota diaria de seis euros. Además, les prohíbe comunicarse por cualquier medio así como de aproximarse a las tres víctimas y a su domicilio en un radio de 50 metros durante seis meses.

Junto a ello, condena a indemnizar solidariamente al matrimonio con 8.229,85 euros por los daños, así como al padre y a la hija por las lesiones con 60 euros en cada caso. Las partes manifestaron su voluntad de no recurrir la sentencia, por lo que en el mismo acto se declaró la firmeza de la misma.

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