Un juez toma declaración al alcalde de La Guardia

El alcalde de La Guardia (Jaén), Juan Morillo (PP), y el secretario-interventor del Ayuntamiento de esa localidad, José Angel Cordero, han acudido este lunes al Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén a prestar declaración en calidad de imputados tras ser denunciados por el grupo político Urbanizaciones Unidas de La Guardia (UUG), después de que el regidor no aportase una documentación requerida por dicha formación para la celebración de un pleno el pasado mes de abril, basándose para ello en un informe del secretario que vendría a avalar que el primer edil no tenía obligación legal para ello.

El alcalde, Juan Morillo, ha explicado a Europa Press que solo ha respondido a la pregunta que le ha hecho el juez, relativa al motivo de la denuncia y a la razón por la que no aportó la documentación requerida, a lo que él ha respondido que porque el secretario, en un informe solicitado y emitido al respecto, indicó que no tenía "obligación" para ello, habida cuenta de que "era la oposición la que había convocado" aquel Pleno en el que solicitaba documentación, por lo que se debía de presumir que disponía de la información en la que quería ahondar.

Así lo ha apuntado el regidor, que se ha acogido a su derecho a no declarar cuando le ha tocado el turno de preguntar al abogado de la acusación, es decir, de UUG, alegando para ello que la oposición "quiere trasladar el debate político a un juzgado, el de Instrucción número 1", que es al que, según ha remarcado, "han recaído las últimas seis demandas" que se han interpuesto desde el Ayuntamiento.

En esa línea, Morillo ha subrayado la ausencia de los concejales de la oposición a los plenos del Ayuntamiento, para lo cual ha exhibido una fotografía de la sesión del pasado 27 de mayo, con "los asientos de la oposición vacíos".

Además, el primer edil ha señalado que el abogado de UUG fue "el candidato número tres" en la lista de dicha formación en las pasadas elecciones municipales, y "en 2006 le pidió ser gerente de Urbanismo", una solicitud a la que él se negó, todo lo cual lo convierten en una persona "viciada" en este proceso, a juicio de Morillo.

El alcalde también ha confirmado que el secretario ha prestado declaración ante el juez, si bien por separado, por lo que no sabe lo que ha explicado. En todo caso, ha argumentado que desde la oposición se ha denunciado a José Angel Cordero simplemente porque "no emitió el informe que ellos querían", al tiempo que ha defendido que esta cuestión se debería dirimir por la vía contencioso-administrativa, y no por la penal, como defiende el grupo denunciante.

Una "incongruencia" para UUG

Por su parte, el portavoz de UUG, Luis Salazar, ha indicado a Europa Press que el secretario --cuyo abogado ha indicado a los periodistas antes de que comenzara su declaración que "todavía no sabía qué hacía" en dicho juzgado, es decir, qué había hecho mal para haber sido imputado-- ha defendido ante el magistrado la corrección y validez de su informe, desmarcándose además de otros informes y sentencias que vendrían a decir lo contrario y que la citada formación esgrime como precedentes.

Para Salazar, es "una incongruencia total" el que la oposición tenga que aportar documentación, "si no se le da fotocopias ni nada". "¿Qué documentación pretende que aportemos?", se ha preguntado, antes de subrayar, además, que la postura del secretario "es contraria a los informes emitidos, previa solicitud del alcalde en febrero de 2009, por los Servicios de Asistencia Jurídica a los Municipios de la Diputación Provincial", así como "a un amplísimo elenco de sentencias, tanto de la Sala de lo Penal como de la Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo".

Además, este partido asegura que el informe "contradice frontalmente" el fallo de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Jaén que condenó al alcalde por una supuesta vulneración de derechos fundamentales "y a la nulidad de los acuerdos adoptados sobre los puntos 12 y 13 del Pleno de 15 de Enero de 2009", obligándolo a que incluyera dichos puntos en el siguiente Pleno, "debiendo facilitar previamente toda la documentación obrante en los servicios administrativos del Ayuntamiento relativa a los mismos".

El portavoz de UUG ha anunciado que su grupo va a remitir al juez documentación para tratar de demostrar que el alcalde debía haber aportado la documentación solicitada, como "se contempla en la Ley de Bases de Régimen Local", de forma que supuestamente con su actitud está "impidiendo un derecho fundamental", el de la ciudadanía a estar informada, así como que el secretario incurrió en un presunto delito de prevaricación al emitir el referido informe "en presunta connivencia con el alcalde".

En ese sentido, Salazar ha defendido que el caso se sustancie por la vía penal, ya que, en su opinión, en el comportamiento del secretario se aprecia "dolo", ya que con su informe viene a "hacer lo contrario de lo que dicta una sentencia", en alusión a la del Contencioso Administrativo número 3, de forma que lo que expone en dicho documento "es falso".

A partir de esa documentación, el juez decidirá "si se archiva el caso o continúan las diligencias", según ha apuntado el portavoz de UUG, que ha justificado además las ausencias de concejales de la oposición a los plenos porque "el alcalde los convoca por la mañana", horario que provoca que "prácticamente ningún miembro de la oposición pueda acudir" a los mismos, salvo él --el propio Salazar--, que está "jubilado por enfermedad".

Por último, respecto a la pregunta de por qué todas las demandas recaen en el mismo juzgado, Salazar ha abogado por que Morillo "se lo pregunte al juez" aprovechando su declaración de este lunes, y en todo caso ha señalado que "todas las denuncias, querellas y demás se asignan por reparto", y que ésta en concreto se presentó en el Juzgado de Instrucción número 2, que era el que estaba de guardia aquel día, pero "a la vista de que contenía diversas fechas, éste prefirió remitirla al Decanato para que la turnara", de forma que finalmente recayó en el uno.

El PSOE pide la dimisión

Por su parte, el secretario general del PSOE de La Guardia, Juan Jesús Torres, ha calificado en un comunicado de "vergonzosa" la actitud durante esta legislatura del alcalde, al que culpa de "aprovechar su cargo para aniquilar la democracia y la transparencia" en el municipio.

Así, ha señalado que "no se está permitiendo que los grupos de oposición presenten propuestas en forma de mociones a los Plenos, se les marea para no darles información, se les niega certificados del secretario e incluso cualquier tipo de fotocopia", de forma que "como último recurso" les queda solicitar "un Pleno Extraordinario para poder acceder a la información y tener informados a los guardeños".

Para el PSOE, "ha llegado ya el momento de que el alcalde presente de inmediato su dimisión y se elija a uno nuevo entre los concejales 'populares'", al que los socialistas "no dudarán en apoyar y votar a favor de su investidura para poder limpiar así el nombre de La Guardia". Para ello, ha recordado que está pendiente de fijar fecha para un juicio también contra el regidor por un presunto caso de prevaricación al hilo de un préstamo concedido por la mercantil Aqualia.