Miércoles, 27 de junio de 2007
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ESPAÑA
Los obispos dicen que enseñar Educación para la Ciudadanía es «colaborar con el mal»
El Congres0 rechaza una moción del PP para retirar los contenidos establecidos en la asignatura alternativa a Religión
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El cardenal arzobispo de Toledo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio Cañizares, afirmó ayer que enseñar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, con la intención de adaptarla al ideario del colegio, supone «colaborar con el mal», en referencia a los colegios religiosos que no se han opuesto a esta asignatura.

El arzobispo de Toledo señaló que «el Gobierno no deja cambiar la ley», por lo que, en su opinión, no es posible modificar el contenido curricular, así como enseñar esta materia significa «colaborar a que continué» la aplicación de una asignatura que «impone una determinada formación moral» que el cardenal criticó, y que identificó con la defendida por el pensador francés Philippe Petit, «tan apreciado por algunos», en clara referencia al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía «es más que una asignatura», afirmó Cañizares. «Se percibe una concepción de fondo en contraste con los derechos que tienen los padres de que los hijos reciban la formación religiosa y moral que deseen», señaló el cardenal durante su comparecencia en el curso sobre Educación para la Ciudadanía que organizan hasta hoy la Universidad CEU San Pablo y la Fundación García Morente.

Para el cardenal, la asignatura responde a «un proyecto claro del Gobierno» en línea con «una concepción laicista de la vida, en la que los conceptos religiosos quedan relegados únicamente a la esfera de lo privado», cuando «la enseñanza religiosa debe ser algo fundamental en la formación de la persona».

Rechazo

Por su parte, el pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer una moción presentada por el grupo parlamentario popular para retirar los contenidos establecidos en la enseñanza obligatoria sobre Educación para la Ciudadanía.

Los populares se quedaron solos en su defensa de la moción, que entre otros aspectos pretendía iniciar un proceso de diálogo entre Gobierno y comunidades autónomas para «garantizar los derechos que asisten a los padres a formar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones».

 
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