Fedeoliva ajusta las cuentas a los responsables de haber llevado a la ruina a la sociedad que fue bandera del sector aceitero jienense en el inicio de esta década. La administración concursal de la sociedad -que rige el proceso de liquidación- reclama por la vía judicial a los anteriores responsables Manuel Villar Jurado (presidente de Fedeoliva), Pedro Lanagrán Mussat (presidente de la comercializadora Expafe) y José Miguel Blanco (gerente de Fedeoliva) la cantidad de 3.345.154 euros por las consecuencias de su «nefasta gestión» en una empresa en la que se embarcaron casi 8.000 cooperativistas jienenses. Se pide al juez que los condene a pagar esta cantidad o, alternativamente, al menos 2,1 millones si se estima que la ley concursal que rige la liquidación no se puede aplicar a las pérdidas generadas antes de 1 de septiembre de 2004 por el principio de no retroactividad en beneficio del acusado.
Los administradores actuales también reclaman en su escrito de calificaciones que se condene a Villar y a Lanagrán a poner de su patrimonio dinero «en el supuesto de que el activo (de la sociedad que se va a liquidar) fuera insuficiente para satisfacer todos los créditos que no se perciban de la liquidación de la masa activa». Se estima que la deuda total de Fedeoliva ronda los 43 millones de euros (si se incluyen los 17 de pérdidas de su sociedad vinculada Expafe, cuestión que fue objeto de un juicio aún por resolver en firme).
Se han encontrado en los libros de Fedeoliva, a juicio de los administradores concursales, indicios de irregularidades como «gestión antieconómica, venta de aceite por debajo del coste de adquisición, apuntes contables que no se hicieron (en concreto se señala que en los años 2001 hasta 2003 no se refleja en los libros de cuentas la imagen fiel del patrimonio según lo que marca la ley), incumplimientos en la contabilidad, saldos de dudoso cobro a clientes y pérdidas por salidas de aceite no justificadas».
Los culpables
El escrito de calificaciones reclama que se declare el concurso de liquidación como «culpable» y señala como tales a quince personas de la directiva y la gerencia. Se pide para ellos, en virtud del distinto grado de responsabilidad que tuvieron en la ruina de la sociedad, la inhabilitación durante 15, 10 o cinco años «para administrar los bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier persona». Aunque sólo se reclama dinero a Villar, Lanagrán y Blanco, los máximos responsables.
Además, en calidad de cómplices, se señala a la empresa Importacio Exclusives Mallorca (que tenía la exclusiva para comercializar aceites de Fedeoliva en algunas regiones), por cobrar comisiones por encima de lo pactado. En el mismo saco entran los auditores jienenses Carazo Durbán, que controlaban las cuentas de Fedeoliva antes de 2003, por «negligencia profesional», la refinería de Yuncos (Toledo) Refisesur y también Fedeoliva USA y su responsable, Roberto Benedeti, por «beneficiarse o aprovecharse de la nefasta gestión» de los responsables de la matriz española.
