EL Euribor, el tipo europeo de oferta interbancaria que constituye una referencia obligada para la revisión de las cuotas de los préstamos hipotecarios, acaba de superar la barrera del 4%, su nivel más elevado desde 2001. Su imparable escalada de los últimos meses abre algunos preocupantes interrogantes no sólo sobre la repercusión en unas economías familiares situadas ya al límite de las posibilidades de mantener un bienestar desahogado, sino también acerca de sus efectos en el delicado terreno de la morosidad bancaria y en el propio mercado inmobiliario, que ha empezado a ofrecer síntomas de agotamiento.
El 40% de las familias españolas es titular de un préstamo hipotecario y la mitad de ellas dedica a amortizarlo el 50 % de su renta disponible, de modo que un incremento mensual de unos 100 euros de media provocado por el alza del Euribor puede suponerles un severo quebranto en su economía doméstica. Para compensar el continuado crecimiento de los precios de la vivienda en España, tanto los consumidores como las entidades bancarias han ido alargando los plazos de amortización con el objetivo de que el impacto en sus rentas de las subidas de tipos no les abocara a la morosidad. Sin embargo, el aumento sostenido del precio del dinero puede llegar a sobrepasar incluso a quienes han suscrito hipotecas a 40 años, si en su momento no se garantizaron un cierto margen de seguridad.
Las previsiones de los analistas apuntan a que el Euribor se mantendrá al alza en los próximos meses frenando la demanda de compra de viviendas, aunque el volumen de construcción se mantiene en niveles similares a los alcanzados en su momento de despegue. Probablemente, uno de los efectos positivos de esta paradoja redunde en la moderación de los precios de la vivienda. Pero no se puede ignorar que indicadores tan esenciales del desarrollo económico como el empleo y el consumo interno son deudores directos en España del mercado inmobiliario.
Además de la moderación en el gasto familiar, cuya responsabilidad compete en primera instancia a cada ciudadano, las organizaciones de consumidores recomiendan que los nuevos compradores apuesten por los créditos mixtos -fijo y variable- para protegerse con una cierta seguridad. No obstante, tampoco se puede soslayar que el modelo según el cual la adquisición de un inmueble cumplía los objetivos de actuar como método de ahorro y de inversión, al margen del primordial de disfrutar de una vivienda, puede estar empezando a flaquear. Si la Administración acierta con los instrumentos eficaces para animar el mercado del arrendamiento, ofrece seguridad a los propietarios y favorece los incentivos fiscales a los inquilinos, España podría empezar a contar con una oferta de domicilios en régimen de alquiler que reequilibre ambas formas de vida y contribuya a normalizar, en consecuencia, el sobredimensionado y especulativo mercado de la vivienda.
