Veinte agentes forestales de la Consejería de Medio Ambiente han comenzado a patrullar los montes de los parques naturales y espacios protegidos de la provincia para controlar la legalidad urbanística. Después de haber recibido formación específica sobre la materia, los agentes tienen la consideración de Policía Judicial, con competencias para «averiguar los delitos públicos públicos, practicar las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes y recoger pruebas», según indica la delegada de Medio Ambiente, Amparo Ramírez.
Estos agentes vigilan montes que gocen de la calificación de parques naturales o algún tipo de protección legal, que es donde los guardas forestales tienen competencias según la Ley de Montes recientemente reformada por la Junta. Las previsiones de la administración son las de ampliar el número de agentes con esta formación específica en los próximos meses.
Más presión
«Apenas hemos abierto 53 expedientes por construcción irregular en los parques naturales de la provincia durante el último año y medio, aunque es cierto que este tipo de delitos no estaba tan a la orden del día como ahora», apunta Ramírez. Se espera que las denuncias se incrementen gracias al trabajo de los agentes especializados, aunque su labor «se basará antes en la información y la advertencia que en la sanción. Su principal misión no será sancionar sino vigilar que se cumpla la legalidad vigente», según la delegada.
Por parques naturales, la mayoría de las infracciones detectadas estaban en el de Cazorla, Segura y las Villas (prácticamente dos tercios del total). Si en Andújar y Mágina el número de irregularidades detectadas es escaso, en Despeñaperros es anecdótico (3).
