El conocido empresario José Luis Martín Berrocal tenía la última palabra en el juicio celebrado ayer contra él. El Fiscal y el abogado de la Junta de Andalucía habían mantenido sus peticiones de cuatro años de cárcel y multa de 600.000 euros por delitos de fraude en documentos oficiales como medio para cometer una estafa de 681.000 euros en subvenciones a la producción de aceite de oliva. «¿Tiene usted algo que añadir?», preguntó el juez. «Que no me he enterado de nada», dijo Martín Berrocal.
Ni siquiera el hecho de que las ayudas cobradas indebidamente hayan sido devueltas hizo que los acusadores rebajasen las penas solicitadas. La defensa se encargó de recordarlo al magistrado del Penal 2 de Jaén, al que insistió también en que la presunción de inocencia de su defendido no se había roto con las pruebas presentadas. Así que pidió la absolución. «Como dijo un viejo letrado, hoy el banquillo resplandece porque en él se sienta un inocente», llegó a decir como remate a su alegato.
Las irregularidades detectadas por la Agencia del Aceite se refieren a las subvenciones cobrada por el empresario en la campaña 1996/97. Martín Berrocal tenía por aquel entonces -según los testigos que presentó su letrado- unas 200.000 olivas en la provincia de Jaén y dos almazaras en propiedad. El funcionario de la Agencia indicó que «certificaba mayor producción de la real». Y a mayor producción, más subvención. Lo cogieron por el orujo: la aceituna cuando se moltura deja un residuo, y Martín Berrocal no pudo acreditar una cantidad de orujo suficiente en la almazara donde llevaba sus aceitunas como para justificar la producción declarada. Según las estimaciones de la Agencia, su producción real era el 30% de la declarada. La subvención del 70% restante no se considera justificada.
La defensa de Martín Berrocal insistió en que ese orujo que falta iba a las calderas de una granja porcina de Molina, que formaba parte de la misma finca donde el empresario tenía una de sus almazaras. Sin embargo uno de los testigos declaró que en un documento la empresa Molina había indicado que ese orujo supuestamente usado por ellos «no existe».
Además, el empresario declaró que él firmaba los papeles que le pasaban sus empleados. «Nunca dudé de esos certificados», dijo, y añadió que «creía que todo estaba correcto». Y se refugió en sus achaques: «Han pasado ya diez años, y tengo 74 y cada vez oigo menos».
