Desde hace dos años dos hombres -José B.S. y Rashid A.- esperan que la Justicia limpie sus nombres o los condene por sus delitos. Dos años desde que sus nombres y sus fotografías ocultándose el rostro debajo de una chaqueta salieron en periódicos y televisiones de toda España. Les acusaron de cobrar entre 3.000 y 6.000 euros por arreglar papeles a inmigrantes.
José era el jefe de la oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Jaén. Un hombre de reputación intachable hasta que fue arrestado el 26 de octubre de 2004. Al día siguiente el subdelegado Calahorro lo cesó en su cargo. Y al otro entró en prisión. Rashid es un marroquí con residencia legal en España, con la nacionalidad solicitada, y con negocios en Jaén que se han visto seriamente perjudicados. Los dos conocieron durante algunos días la vida en la cárcel, aunque posteriormente fueron puestos en libertad a la espera de juicio tras pagar una fianza.
El asunto está en el juzgado de instrucción número uno de Jaén. Desde octubre de 2004 ha cambiado varias veces de titular, lo que ha impedido que haya continuidad. Además, desde hace meses se asignó a este juzgado la carga de llevar todos los casos de violencia de género, una medida que lo mantiene saturado.
Además, la instrucción del 'caso Extranjería' se complicó desde el principio. Tres inmigrantes fueron los que denunciaron ante la Policía al jefe de Extranjería y su compatriota Rashid. La Justicia otorgó a ambos en estatus de testigos protegidos por su colaboración. Posteriormente el número de testigos se fue ampliando hasta siete. Ninguno de los siete dijo haber visto directamente a José B.S. coger dinero. «La Policía se ha equivocado», dijo su abogado, el conocido penalista Pablo Luna , cuando se hizo cargo de su defensa a principios de noviembre de 2004.
Para complicar más el panorama, dos inmigrantes pusieron en conocimiento de la Justicia que recibieron coacciones por parte de alguien cercano a la instrucción del caso para denunciar tanto Rashid A. como al ex jefe de la Oficina de Extranjería. El abogado que defiende a Rashid, Javier Pulido, aseguraba que la causa «se tambalea» y que «tras meses de instrucción no se puede hablar de una organización, ni de redes mafiosas ni de una organización con jerarquía, sino de dos detenidos en libertad bajo fianza».
La puntilla a la agilidad en la instrucción se la dio la petición de revisar montañas de expedientes que había firmado José B.S. durante el año y medio que estuvo al frente de la Oficina de Extranjería. La labor se demoró durante meses. Y luego la causa se atascó en el juzgado. Pese a al viejo aforismo que dice que la si la Justicia es lenta deja de ser Justicia.
