A partir de ahora una persona sólo puede realizar la reproducción en papel de una obra siempre que sea para «uso privado y la copia no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa». Este es uno de los aspectos claves de la Ley sobre la Propiedad Intelectual que el pasado 8 de lulio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Ante esto, colectivos de escritores han puesto en marcha una serie de medidas para evitar una reproducción de obras originales masiva y desmedida. En este sentido, Juan Rafael Lorca, escritor de diversas obras e impulsor de la Sociedad de Autores en Jaén, ha enviado una carta a la Sociedad General de Autores con el objetivo de unir esfuerzos para que se apliquen normas «severas» contra la piratería. Lorca asegura que en los derechos de autor la ley «se queda corta», puesto que aún no ha conseguido establecer un riguroso reglamento para impedir que las obras de los autores se fotocopien, a menudo íntegramente.
Manuel Burgos es escritor y trabaja para una conocida marca editorial. Afirma que las empresas encargadas de la distribución de obras son las que han de poner medidas al respecto. Sin embargo, también es cierto que las firmas editoriales se protegen a través de la subida progresiva de los precios, y de esta forma se aseguran una estabilidad económica, mientras se perjudica al cliente.
Canon
Paradójicamente, mientras la ley se afana en restringir el campo de actuación del usuario, una organización denominada Cedro (Centro Español de Derechos Repográficos) pretende establecer un canon a través del cual los usuarios de las bibliotecas deberán pagar una determinada cantidad por el uso de una obra. Ante esto, colectivos de escritores, editores y blibliotecarios se oponen rotundamente y luchan en la actualidad por que la propuesta no le lleve a cabo.
La otra cara de la moneda de esta organización que defiende los derechos de autor afecta a las copisterías. El encargado de uno de estos negocios confirma que ha recibido la visita de inspectores de Cedro que se han hecho pasar por clientes para vigilar la reproducción en papel de obras originales. Finalmente, cuando esta persona tenía constancia de que todo estaba en orden (en esta copistería no se realizan fotocopias de libros), se identificaba como enviado de Cedro. El encargado no deja de sorprenderse ante medidas ta «extremas» como esta.
En esta circunstancias, y dado el alto coste que alcanzan las obras, sobre todo si proceden de importantes empresas, el público no tiene otro remedio que buscar alternativas para economizar.
Una de las opciones que escoge el ciudadano, además de la fotocopia, es la puesta en venta de libros que no volverá a utilizar, algo que sucede sobre todo en los alumnos de colegios e institutos. Algunos centros aconsejan a sus alumnos de Primaria y de ESO que tengan sus libros en perfecto estado, con el objetivo de que puedan servir a sus familiares o amigos. Entre tanto, los alumnos optan por vender el material del curso anterior, incluso se pueden ver carteles que anuncian esta venta en los propios centros de Secundaria.
Las librerías se ven terriblemente afectadas por esta gestión entre los alumnos. Lourdes Reyes, encargada de la papelería A. J., afirma que su negocio opta por vender libros sueltos, puesto que los clientes prefieren ahorrarse la mitad al comprarlos a un particular. Reyes confirma que con este negocio el público paga de media 80 euros, la mitad de lo que cuesta el lote completo.
La enseñanza
Sorprendentemente, la modificación de la Ley sobre la Propiedad Intelectual permite al profesorado de educación reglada «realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras». Este aspecto de la normativa beneficia a los centros educativos, cuyos profesores pueden optimizar el tiempo de clase a través del reparto de textos de autores renombrados. Desde ahora, y con esta ley, se pueden fotocopiar ciertos escritos y distribuirlos a los alumnos.
Otro problema al que se enfrenta la enseñanza es al hecho de que en ocasiones, los libros que se requieren están descatalogados en el mercado. Ante esto, el alumno se ve en la obligación de fotocopiar totalmente la obra.
Soluciones
Entre tanto, las editoriales no aportan soluciones para terminar con el problema de la copia de libros, sino que se afanan en subir los precios de las obras. Esto desemboca en un incremento de usuarios en las bibliotecas y en realizar copias «bajo cuerda», tal y como comenta Manuel Burgos, quien lejos de criticar esta práctica, habla más bien de que la ley tiene unos límites abstractos y de que existe un gran descontrol en el entorno reglamentario de la Propiedad Intelectual.
Digitalizar
La ley, además, impone fuertes límites a las bibliotecas. Así, la normativa no autoriza a digitalizar una obra del fondo propio y colgar el fichero en la web de la biblioteca para que el usuario pueda consultarla de forma más cómoda. Además, la legislación pretende que la consulta de obras sólo se podrá realizar con fines de investigación.
En cuanto al uso de las obras originales y el papel que desempañan los autores en cuanto a las mismas, la ley establece que los escritores «no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquellas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés cultural, científico o educativo». Este aspecto de la normativa implica que los autores deben otorgar permisividad para el uso de sus obras, de modo que el préstamo está a su vez regulado.
