El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley con el que el Gobierno pretende dar pública satisfacción al sufrimiento padecido por quienes fueron perseguidos y asesinados durante la Guerra Civil, así como recuperar la memoria de los republicanos que tras la contienda fueron represaliados por el franquismo. De este modo, los familiares de los afectados y también las instituciones podrán dirigirse al Estado para exigir un reconocimiento simbólico.

Esa es la principal demanda de colectivos y de las personas que a título individual se han dirigido a la comisión interministerial que desde hace un año y medio estudia por encargo de José Luis Rodríguez Zapatero y mandato parlamentario la situación general de las víctimas y las ayudas que han recibido. Ese organismo ha recibido unas 14.000 consultas en los últimos meses.

Al derecho de reparación podrán acogerse los descendientes de los fallecidos de los dos bandos y también algunas instituciones que consideren afectadas por la violencia de la contienda de 1936, como la Generalitat de Cataluña. El Gobierno catalán podrá demandar al Estado un reconocimiento público de que la condena y el fusilamiento del presidente Lluís Companys en 1940 fue una injusticia.

No se anularán, en cambio, los juicios sumarísimos. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional consideró que no se pueden revisar las sentencias dictadas durante el franquismo, aunque sí se ha abierto una vía para que los tribunales busquen una reparación moral que reconozca el perjuicio causado por aquellas condenas injustas. Ese impedimento jurídico no ha sido el único tenido en cuenta para no procede a revisar las causas judiciales: el Ejecutivo ha suavizado la idea inicial que tenía para evitar reabrir viejas heridas.

Reescribir la Historia

El Ejecutivo se ha esforzado por dejar claro que no le mueve ningún ánimo de revancha, sino que lo que pretende es equiparar a las víctimas para que la Historia sea igual para todos. Un espíritu que ha afectado incluso al título de la ley, que se denomina «Proyecto de Ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura».

Zapatero ha decidido eliminar cualquier referencia a la «memoria histórica», como se conoció en un principio esta iniciativa, porque no quiere que se interprete que el Gobierno pretende rescribir la Historia, labor que -recuerda- corresponde a los historiadores. Así, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, presentó ayer el proyecto como una iniciativa «para cicatrizar heridas sin reabrirlas y para cerrar con honor para todos este capítulo».

Sin apoyos

El proceso para reparar la dignidad de las víctimas se empezó a gestar hace dos años en León. En la misma ciudad en la que el capitán republicano Juan Rodríguez Lozano fue fusilado en la Guerra Civil, su nieto, hoy presidente del Gobierno, prometía el 23 de julio de 2004 que repararía la memoria histórica de las víctimas de la dictadura, como le pidió el Parlamento. El anuncio generó una gran expectación entre sus socios de IU y ERC, pero preocupó al PP, que temía que el Gobierno socialista provocara una nueva división que recrease la que en 1936 fraccionó a España.

Rodríguez Zapatero optó al final por un texto conciliador. El documento, de 25 artículos, ha sido rebajado para poder acordarlo con la derecha. Pero el Gobierno no sólo ha tenido presente la opinión del PP, sino también la de los ciudadanos, que en diversas encuestas reclamaban una reparación a la memoria de las víctimas de los dos bandos, y no sólo del republicano.

Con todo, el proyecto aprobado ayer no cuenta de momento con ningún apoyo claro salvo el del PSOE -que empezará a negociarlo a final de agosto- mientras que el Gobierno calcula que la aplicación de esta Ley costará a las arcas estatales unos 60 millones de euros. Las administraciones estarán obligadas a facilitar a los descendientes directos de las personas ejecutadas su localización e identificación. También deberán ayudar a las familias que lo soliciten a exhumar los cadáveres de sus antepasados.

Mención especial hace el proyecto a los símbolos. El Estado deberá retirar los escudos, insignias, placas de la guerra y de la dictadura que exalten a uno de los dos bandos y ofendan a la memoria de las víctimas. No removerá los objetos que por motivos históricos o artísticos sea improcedente retirar.

Compensaciones

Además de la reparación simbólica, las víctimas podrán solicitar indemnizaciones económicas. Los batallones de trabajo se equipararán en el cobro de pensiones con los que fueron encarcelados, tendrán exenciones del IRPF por el dinero que perciban como compensaciones y también recibirán indemnizaciones las víctimas de abusos policiales en la Transición. Los brigadistas internacionales podrán disfrutar de la nacionalidad española y las asociaciones de recuperación de la memoria percibirán la cruz al mérito civil.

Para recuperar el honor de las víctimas, los familiares podrán dirigirse al Estado para solicitarlo comisión interministerial que será la encargada de investigar y confirmar cada caso.